Justicia

El encarcelamiento de mujeres ha aumentado en últimos años

En la última década, el encarcelamiento de mujeres ha experimentado un aumento desproporcionado a nivel mundial.

Mientras la población penitenciaria masculina creció un 20% entre los años 2000 y 2017, la población encarcelada femenina aumentó un 53% en los mismos años.

Aunque las niñas y mujeres encarceladas representan el 8.4% de la población penitenciaria total en la región latinoamericana, las cifras van aumentando, de acuerdo al estudio “Mujeres encarceladas en Latinoamérica y COVID-19. Recomendaciones para los sistemas penitenciarios de la región”, que explica, además, que, en Sudamérica, este aumento fue del 145%.

En República Dominicana, el crecimiento no fue tan alto. A nivel nacional de 508 reclusas que había en 2009 se pasó a 735 para el pasado año (2019) para un incremento de un 7.5%, de acuerdo a datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y la Dirección General de Prisiones.

A consideración de Ángela Guerrero, del Centro de Estudios y Acción por la Justicia (CEA Justicia) de México, y Carolina Villagra, del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile, quienes realizaron el estudio antes citado, el aumento del encarcelamiento femenino pareciera estar fuertemente relacionado con las leyes antidrogas que la mayoría de los países de la región han adoptado en la última década.

Indican que actualmente, la mayoría de las mujeres privadas de libertad se encuentran en prisión preventiva o condenadas por delitos menores o por delitos relacionados a drogas, a los cuales usualmente se vinculan a través de tareas de bajo nivel dentro de la estructura delincuencial, pero que tienen un alto riesgo de captura y penalización.

Un ejemplo de esto, es la distribución de drogas a pequeña escala, venta desde sus hogares o resguardo, o transporte de sustancias ilícitas, para mantener las tareas de cuidado o respuestas a la coacción de una pareja o familiar en contextos de violencia de género.

Impactos económicos

“El encarcelamiento de mujeres tiene impactos económicos y sociales que pueden ser desbastadoras”, afirman las especialistas al indicar que cerca del 90% de las féminas encarceladas tienen hijos menores de edad, muchos a su cuidado, son cabezas de familia monoparentales siendo responsables financieramente y de las tareas de cuidado de sus familias. Otras han sido víctimas de violencia doméstica, provienen de hogares con altos niveles de marginación socioeconómica y sufren de alto grado de abandono de sus redes de apoyo cuando están en prisión.

El estudio plantea que generalmente, las mujeres encarceladas no representan riesgo para la sociedad, se inician tarde en el delito, son menos violentas y reinciden menos que los hombres.

Y que, además, las posibilidades de encontrar un trabajo lícito se dificultan más ya que su encarcelamiento suele empeorar las condiciones de exclusión, estigma y pobreza con las que entraron a la cárcel, sumado a la discriminación y los antecedentes penales, lo que podría generar un círculo vicioso de pobreza, mercado de drogas y encarcelamiento.

Lo que refleja la situación, sostienen las analistas, es que la mayoría de los casos antes mencionados, se relacionan directamente con la poca presencia del Estado para hacer frente a los niveles de desigualdad, de pobreza y de estigma en la región latinoamericana.

Otro tema es que la mayoría de los establecimientos penitenciarios, al haber sido diseñados mayoritariamente para los reclusos de sexo masculino, no pueden se ajustan a la necesidad de garantizar la dignidad de las mujeres recluidas y requerimientos específicos en términos de salud que tiene las mismas, tal y como lo establece las “Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes”, o Reglas Bangkok, aprobadas en el 2010.

Grupo prioritario

Trayendo el tema al contexto actual, con la pandemia de la COVID-19, Guerrero y Villagra sostienen que las mujeres encarceladas son un grupo prioritario en caso de crisis como esta, lo que requiere que los Estados garanticen medidas de excarcelación de modo urgente y estrategias de reinserción social con énfasis en la atención por las instancias de salud, ya que las personas encarceladas representan una población particularmente vulnerable al contagio de la COVID-19, debido a las condiciones de hacinamiento, así como la falta de higiene y de cuidados sanitarios propias de las prisiones.

Las especialistas consideran que a pesar de que se hayan implementado medidas para enfrentar la crisis sanitaria, aislamientos y restricción de visitas, no se han incorporado la perspectiva de género con suficiente fuerza. Por eso, dieron una serie de recomendación a aplicarse en las cárceles.

Entre las sugerencias están las videollamadas o llamadas por teléfono para que las mujeres sepan el estado de sus hijos durante la pandemia; evitar nuevos ingresos a las cárceles, evaluar la necesidad de dictar la medida cautelar de prisión preventiva y hacer uso de condenas cortas.

Así como también, reducir de significativamente la población femenina encarcelada, con la implementación de indultos, salidas anticipadas, sustitución de penas, especialmente para las embarazadas, las mujeres en periodo de lactancia, las que tienen hijos menores de edad, y las adultas mayores con enfermedades crónicas.

Fuente: El Caribe

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