El lado más vulnerable del PJ sale a flote en momentos de emitir fallos a casos de interés nacional

 El Poder Judicial enfrenta de manera permanente múltiples desafíos legales, la mayoría bajo el escrutinio de la opinión pública y en medio de una creciente presión social por decisiones trascendentales en expedientes de alto impacto.

Abogados y expertos coinciden en que la sociedad reclama condenas contundentes contra implicados en grandes casos de corrupción y otros delitos que afectan los intereses, la integridad y la vida de ciudadanos. Sin embargo, advierten que las precariedades dentro del sistema dificultan una respuesta eficiente.

En medio de esta crisis institucional, permanecen pendientes de fallo, en sus distintos niveles, procesos judiciales de gran relevancia nacional, entre ellos Jet Set, Nido (IndisArq), Medusa, Calamar, Camaleón, Coral y Coral 5G, Senasa, Búfalo, Gaviota, Wander Franco, Fedopem, Masha, fraude al BHD, el del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, entre otros.

La situación cobra mayor preocupación luego de la difusión del “Manifiesto por la dignidad de la justicia”, presentado este jueves 21 y firmado por 450 jueces de un estimado de 730. El documento denuncia las condiciones precarias y alarmantes en las que opera actualmente la justicia dominicana.

JUECES DENUNCIAN DETERIORO Y ABANDONO

Un veterano juez afirmó fuera de cámara: “Hay lugares donde el estrado tiene hoyos y, si el juez mueve la silla, puede caerse”. Agregó que no exigen lujos ni privilegios, sino condiciones mínimas y dignas para desempeñar sus funciones.

El magistrado también aseguró que muchos tribunales del país no cuentan siquiera con baños adecuados para cubrir necesidades básicas, una realidad muy distinta a la de la Ciudad Judicial de Santo Domingo.

Asimismo, señaló que jueces, juezas y personal administrativo trabajan bajo altas temperaturas por falta de abanicos o aire acondicionado, además de desempeñar funciones en salas deterioradas.

EL MANIFIESTO ADVIERTE SOBRE UNA CRISIS ESTRUCTURAL

Las denuncias coinciden con lo expresado en el manifiesto, que establece: “La justicia no puede sostenerse únicamente sobre vocación, sacrificio personal y compromiso individual. La justicia requiere condiciones materiales, humanas, salariales e institucionales que permitan ofrecer un servicio oportuno, eficiente e imparcial, tomando en cuenta la dignidad de quienes hacen que el servicio judicial sea una realidad”.

El documento sostiene que la crisis actual se refleja en la falta de personal y de jueces, bajos salarios, exceso de carga laboral, renuncias masivas de empleados administrativos, deterioro de infraestructuras judiciales y deficiencias de seguridad en los palacios de justicia.

“Precisamente por la falta de personal, un servidor judicial termina asumiendo el trabajo de dos, tres o cuatro servidores más; y de igual forma, la falta de jueces ha provocado que uno solo asuma el trabajo que deberían realizar dos, tres o cuatro magistrados adicionales”, precisaron.

También denunciaron que los salarios actuales no corresponden ni al aumento del costo de la vida ni a la carga laboral existente.

Los firmantes rechazan lo que califican como “industrialización de la justicia”, además de denunciar desigualdad salarial, uso inadecuado de recursos en privilegios y campañas publicitarias, paralización de la carrera judicial y administrativa, así como silencio institucional frente a la crisis.

“No puede haber Estado de derecho donde el derecho se aplica a todos menos a quienes lo custodian. No puede haber dignidad para el ciudadano si el juez que lo escucha, el alguacil que notifica, el secretario que certifica y el conserje que abre las puertas del tribunal cada mañana no tienen dignidad propia”, expresaron.

El planteamiento adquiere mayor relevancia ante la complejidad de los expedientes que actualmente conoce el sistema judicial. Diversos sectores consideran que las condiciones de precariedad y desmotivación podrían afectar la capacidad de análisis y respuesta en procesos de gran interés público.

Organizaciones como Participación Ciudadana y reconocidos juristas han advertido sobre los riesgos que esta situación representa para enfrentar con el rigor necesario los expedientes de corrupción y otros casos complejos.

CRECEN LLAMADOS A BUSCAR SOLUCIONES

Ante este panorama, múltiples voces reclaman un punto de entendimiento y la aplicación de soluciones reales a corto, mediano y largo plazo, tomando en consideración las limitaciones financieras y la realidad institucional denunciada por jueces y servidores judiciales.

La preocupación aumenta debido al impacto que esta crisis podría tener no solo sobre quienes administran justicia, sino también sobre miles de ciudadanos que diariamente acuden a los tribunales en busca de respuestas y sentencias justas.

La crisis que atraviesa el sistema judicial dominicano deja al descubierto profundas debilidades estructurales en momentos en que el país demanda respuestas firmes y transparentes. La falta de condiciones dignas para jueces y servidores judiciales amenaza con erosionar la confianza ciudadana en una de las instituciones más importantes del Estado.

Fuente: N Digital