América Latina

El Salvador: seguridad a costa de los derechos

La seguridad ciudadana fue la bandera usada por el presidente Najib Bukele en el país más pequeño de Centroamérica como punta de lanza para ganar las elecciones de su nación.

El Salvador, situado en América Central, tiene una superficie de 21,000 kilómetros cuadrados y está entre los países más pequeños de la zona. Tiene más de 6 millones de personas y ocupa la posición 112 en el listado de 196 países con una densidad de 301 habitantes por kilómetro cuadrado.

Su economía se ubica en el puesto 101 por volumen de Producto Interno Bruto (PIB) y su deuda pública ronda los 23,000 millones de euros. De acuerdo al índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas, sus ciudadanos tienen una mala calidad de vida, porque está por debajo de los niveles de medición.

El pasado 4 de febrero, 2.7 millones de salvadoreños votaron por el presidente Bukele. Este se convirtió en el primer mandatario de la nación centroamericana en ir a la repostulación en los últimos 50 años, a través de un fallo del Tribunal Supremo con muchas cuestionantes, pero con la validación del voto de sus ciudadanos.

Según los datos del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, Bukele pasó de contar con un 53 % en su primera elección, en el 2019, a un 82.6 % de los votos en 2024, con el 41 % de los votos de su país.

De acuerdo a los ciudadanos, la razón fundamental para que el gobernante alcanzara su reelección es haber logrado reducir los índices de criminalidad y delincuencia en la que, hasta hace ocho o seis años, era una de las ciudades más inseguras de Latinoamérica.

Plan de Control Territorial

El Plan de Control Territorial es la implantación de medidas para tomar el mando de los centros penales; luchar contra el financiamiento del crimen organizado y fortalecer los cuerpos de seguridad de El Salvador. Son los ejes primordiales del también llamado “Plan Bukele”.

Pese a las continuas críticas de varios organismos internacionales, la implementación de esta iniciativa ha tenido como resultado una disminución de la tasa de homicidios y hechos delictivos, de acuerdo a los datos oficiales.

Según informaciones de la Policía Nacional Civil de El Salvador, esa nación logró reducir el número de muertes por homicidios a su nivel más bajo en el año 2023.

Estos números establecen que en el 2015 fallecía un total de 106 personas a causa de la violencia por cada 100,000 habitantes, siendo este el pico más alto. En el 2016, 84 personas eran asesinas por cada 100,000 habitantes y 2.4 eran muertas por cada 100,000 habitantes en el 2023. Estas nuevas cifras lo ubican como el país con la tasa de violencia más baja de la zona.

El denominado Plan de Control Territorial es la implementación de un estado de excepción que permite a las patrullas policiales detener y depurar a las personas con perfil sospechoso que lo identifique como miembro de una mara.

A la fecha, según datos oficiales de la Policía Nacional Civil de El Salvador, 75,163 miembros de pandillas o maras han sido apresados; además, 7,000 vehículos, 18,000 celulares y 3,600 armas han sido incautados. De estas últimas, 333 eran largas y fueron ocupadas a miembros de grupos delictivos.

Reducción de homicidios 

“¡Váyanse a sus casas, ya se acabó, no hay Mara Salvatrucha, no hay Mara 18! ¿Cuál es el futuro que les queda? ¿La muerte o la cárcel?”, afirmó el presidente Bukele al dejar iniciado hace años el Plan de Control Territorial aplicado por su gobierno.

Con cinco años de gestión, el mandatario ha puesto a raya a los miembros de las maras Salvatrucha y 18, dichas bandas tenían en ascuas al país centroamericano, provocando no solo un alto número de muertes, sino de desapariciones.

El régimen de excepción se decretó el 27 de marzo de 2022, tras un pico de homicidios en el que murieron 87 personas a causa del quiebre del supuesto pacto que el gobierno de Bukele mantenía con estas estructuras criminales para lograr una baja de homicidios a cambio de ciertos beneficios para sus líderes.

Amnistía Internacional considera que el carácter sistemático de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del régimen de excepción se sustenta en la forma generalizada y sostenida en el tiempo en que están ocurriendo. Asimismo, en el nivel de organización y planificación estatal en la que confluyen los tres poderes del Estado; en la impunidad y la falta de rendición de cuentas; en la falta de transparencia y acceso a la información; y en la criminalización generalizada de la pobreza, como elemento discriminatorio.

La sistematicidad de las violaciones de derechos humanos podría acarrear para los agentes del Estado salvadoreño una responsabilidad penal internacional individual, por el incumplimiento de sus obligaciones de prevención y sanción sobre estos hechos.

Población respalda acciones de Bukele

Transitar por las calles de El Salvador en horas de la tarde y la noche era un privilegio que solo tenían los miembros de las bandas. Estos cobraban peajes a la población por permitirle andar en dichas vías, especialmente, las de San Salvador, capital del país.

“La política de él es muy buena en cuanto a seguridad, nos parece bastante acertada. Está rompiendo esquemas en torno a la corrupción y, si tenemos que darle una valoración en la escala de un 10, le doy un 8.5 % porque faltan muchas cosas por arreglar”, señala Baltazar Menjibar, un profesional y emprendedor salvadoreño.

Los ciudadanos muestran su alegría de poder salir a los parques y disfrutar de la ciudad. No obstante, muchas viviendas aún parecen muros en diversos puntos, por las altas paredes frontales y la trinchera encima de las mismas, como fiel evidencia de la guerra de los gobiernos y las bandas.

“Se ha producido un cambio y, aunque han argumentado contra las acciones de Bukele, hemos cambiado; hay auge en el turismo y todo eso es por la lucha contra la delincuencia”, expresó Laritza Trejo, estudiante salvadoreña.

Pese al apoyo que recibe el gobernante y el reconocimiento de la reducción de la inseguridad y la criminalidad, dichos números se dan gracias a la vulneración de derechos fundamentales a las personas.

Experta afirma no es sostenible política de seguridad de Bukele

A juicio de Carolina Ramírez, especialista en seguridad en República Dominicana, para evaluar la sostenibilidad de las medidas efectuadas en este orden por el gobierno de Bukele, sería necesario analizar en detalle las políticas específicas que se están implementando, su impacto en la reducción del crimen, la aceptación de estas por parte de la población y cualquier preocupación relacionada con los derechos humanos o el Estado de derecho.

Además, piensa que sería importante considerar si estas acciones están respaldadas por un marco legal sólido o cuentan con el apoyo continuo de los recursos necesarios para mantenerlas a largo plazo. “Es un tema complejo, pero, básicamente, la respuesta es no”, sanciona la experta.

“El gobierno de Bukele ha tomado medidas muy agresivas de seguridad, como el uso excesivo de la fuerza pública y el encarcelamiento masivo de ciudadanos sospechosos de pertenecer a pandillas. Estas son consideradas contraproducentes en muchos sentidos”, sostiene Ramírez.

“En primer lugar, las acciones represivas de Bukele no han logrado disminuir la delincuencia y, en algunos casos, han provocado más violencia. Además, la implementación de la mano dura contra la delincuencia ha socavado los derechos humanos, debido a la privación de libertad sin pruebas sólidas y sin el debido proceso legal”, concluye la especialista.

Experto internacional considera Bukele es mal ejemplo para América Latina

Preguntado sobre el papel que juega el presidente de El Salvador y si este es un mal ejemplo para la región, el especialista internacional Daniel Sovatto no duda al responder.

“Absolutamente. Es seguridad a costa de la vigencia plena de los derechos humanos; es seguridad a costa de un uso indebido e incorrecto de los estados de excepción; es seguridad a costa del debilitamiento del Estado de derecho; es seguridad, pese o como pretexto para lograr una alta popularidad, para alcanzar una reelección inconstitucional, y es seguridad que ha ido desmantelando, pieza por pieza, con apoyo popular, a la democracia”, señala Sovatto.

Desde su óptica, hoy El Salvador es un régimen autoritario, “porque lo único que Bukele tenía hasta hace poco era su legitimidad de origen, no su legitimidad de ejercicio; su legitimidad de origen, porque él había ganado unas elecciones transparentes cuando llegó al poder.  Pero, ahora con su reelección inconstitucional, cuando él asuma el segundo período, ya, claramente, no tendrá la legitimidad de origen”.

Este experto también afirma que dicha Administración “no tiene legitimidad de ejercicio, porque ha concentrado de manera abusiva todos los poderes y, por lo tanto, está violando los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana”.

Además, indica que el proceso electoral que “él (Bukele) ha ganado a nivel presidencial está, realmente, plagado de irregularidades y violaciones a la propia Constitución y la Ley Electoral, de numerosísimas irregularidades de un tribunal electoral que no ha tenido la autoridad ni la independencia para, realmente, generar condiciones de equidad, que ha hecho una transmisión de resultados y un conteo, realmente, bochornosos y muy irregulares”.

Sovatto también se refiere a lo que ha llamado ‘la Bukelización de la política’, en un análisis realmente riguroso. Sostiene que la gestión del gobernante está generando “un efecto contagio muy peligroso”. A su entender, se está reemplazando la democracia por la “eficacia”. Con este término quiere decir que Bukele ha llegado a una negociación transaccional con cierta parte de la población salvadoreña, “a la que le dice ‘yo a ustedes les doy seguridad’, que es la principal demanda que tienen los salvadoreños, ‘pero, ustedes me tienen que dar a mí casi un cheque en blanco; me tienen que dar la suma del poder público’”.

El especialista también destaca que “Bukele es hoy la persona que va a estar a cargo del Ejecutivo, va a tener el control absoluto del Legislativo, tiene influencias decisivas en el manejo del Poder Judicial”. Resalta que este líder “ha cooptado a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, que fue la que le reinterpretó la Constitución para que pudiese buscar una reelección que, claramente, es inconstitucional y violatoria de seis artículos de la propia Constitución”.

“Ha violentado derechos humanos con su política de seguridad; lleva un régimen de excepción de hace dos años de manera ininterrumpida, renovándolo mes tras mes, con lo que ha convertido la excepción en la regla; ha debilitado fuertemente el Estado de derecho y está desmantelando la democracia, convirtiendo a El Salvador en un régimen autoritario basado en su popularidad”, sanciona Sovatto.

Datos sobre el turismo en El Salvador

El turismo ha crecido un 40 % en los últimos dos años. En este orden, El Salvador recibió a 3.5 millones de turistas en el 2023, con relación al año anterior.

Fuente: Panorama

Deja tu comentario

Otros Artículos

Botón volver arriba