Columnas

El TC ¿y ahora?

Por: Namphi Rodríguez

Y ahora? El Tribunal Constitucional (TC) se acaba de pronunciar sobre el controvertido artículo 45 de la Ley 33-18, de Partidos Políticos, que secuestraba los derechos de los afiliados y militantes en manos de las cúpulas partidarias para decidir sobre el modelo de elección de los candidatos.

Es otra sentencia que se añade a la rendida por el TC contra la misma ley por violar la libertad de expresión de las personas al disponer que constituye un delito punible la difusión de “mensajes negativos” por las redes sociales.

Pese a que aún no se conoce la “ratio decidendi” de ambas sentencias, se trata de victorias de los militantes de los partidos y de los ciudadanos ante una clase política y jurídica que pretendió eludir el cumplimiento de la Constitución para satisfacer sus irrefrenables apetencias autoritarias.

En el caso del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), esa ley resultaba ser una intromisión grosera en el ámbito de los derechos de la membresía, puesto que sus estatutos establecen que la elección de sus candidatos se realiza mediante primarias cerradas (art. 23) y que para su modificación se requiere la convocatoria del Congreso Ordinario del Partido (art. art. 12), integrado por todos los miembros del Comité Central, los presidentes de los Comités Provinciales, Municipales, Intermedios, de Bloques de Comités Intermedios y de Circunscripciones Electorales y de las Seccionales (art. 10).

Como se puede apreciar, la Ley despojaba a los miembros del Congreso Ordinario, que es el más alto órgano de dirección del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), del derecho fundamental a trazar la vida interna partidaria, con lo cual se quiebra el sistema de representación y de democracia interna de la organización.

Siendo los partidos entes asociativos de relevancia constitucional, como lo ha descrito el TC, cabría preguntarse, ¿hasta qué punto podía el legislador materializar una intervención de esa naturaleza en la vida interna de esas organizaciones, desconociendo sus estatutos para crear privilegios a favor de cúpulas partidarias? .

Una parte de la doctrina jurídica se abanderó de la peregrina tesis de que los partidos eran entes públicos y que, consecuentemente, el nivel de intervención del legislador podía ser ilimitado y producir una modificación directa de los estatutos.

De otro lado, nosotros insistimos, hasta la enésima vez, que un partido político no es un ente público y sostuvimos que el legislador podía regularlo, pero no intervenir en su vida interna, pues su fundamento es el derecho de libre asociación.

Ahora los estatutos partidarios recobran su legitimidad institucional y en organizaciones como el PLD que aún no acaban de adoptar su regla interna a la ley cabría la pregunta ¿y ahora?

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