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El TSA

Por: Julio Cury

En el Tribunal Superior Administrativo (TSA) está ocurriendo lo mismo que en la Cámara Civil y Comercial de Distrito Nacional, tanto en la del Juzgado de Primera Instancia como en la de la Corte de Apelación. Se sabe que estos tribunales están divididos en tres, cinco y tres salas, respectivamente, y si bien es verdad que predomina el principio de independencia judicial, que desde la dimensión interna implica que el juez no se sujete a la voluntad de otros órganos judiciales, no es menos cierto que los usuarios se aferran al principio de seguridad jurídica.

Más claramente, someten sus diferencias a la consideración de los tribunales en el entendido de que no obstante estar conformados por salas, interpretan la ley de acuerdo a los criterios unificadores de la Suprema Corte de Justicia. Resulta, sin embargo, que en múltiples aspectos las distintas salas de la Cámara Civil y Comercial del DN, interpretan y aplican la ley de manera disímil y al margen de la jurisprudencia sentada por nuestro más alto tribunal judicial.

En las tres salas del TSA está ocurriendo lo mismo, y para no hablar en abstracto, me valdré de un ejemplo clarificador. El art. 107 de la Ley No. 137-11 señala que “Para la procedencia del amparo de cumplimiento, se requerirá que el reclamante previamente haya exigido el cumplimiento del deber legal o administrativo omitido, y que la autoridad persista en su incumplimiento o no haya contestado dentro de los quince días laborables siguientes a la presentación de la solicitud”.

A su vez, el literal g) del art. 108 prevé la improcedencia de esta acción particular cuando no se cumple con “el requisito especial de la reclamación previa”, disposición que nuestro Tribunal Constitucional y las Primera y Segunda Salas del TSA interpretan estrictamente.

De hecho, en dos sentencias recientes declararon improcedentes sendos amparos de cumplimiento porque quienes intimaron a la autoridad renuente no fueron los accionantes, sino un abogado que omitió consignar que actuaba por mandato de estos últimos.

Veamos: “… se verifica que la comunicación depositada como medio probatorio del cumplimiento del requisito de puesta en mora ha sido realizado por el Sr. XX, sin indicar que obra a nombre del reclamante, sino más bien a título personal, lo cual no procede en estos casos…”, reza parcialmente una de las motivaciones de la Sentencia No. 030-03-2018 de la Segunda Sala del TSA, criterio que, insisto, comparte plenamente la Primera Sala.

Ante el mismísimo cuadro fáctico, o lo que es igual, con ocasión de una acción de amparo de cumplimiento en la que cierto abogado –sin hacer constar que representaba al accionante- intimó por cuenta propia a la autoridad a la que presuntamente le correspondía cumplir con una norma legal, la Tercera Sala del TSA consideró que fue regular.

Como se aprecia, el principio de seguridad jurídica, el cual forma parte consustancial del Estado Constitucional de Derecho, anda de vacaciones. La predictibilidad de las respuestas del Poder Judicial frente a un mismo supuesto legal o de hecho, sigue siendo una quimera, con la penosa consecuencia de que la interdicción de la arbitrariedad.

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