Columnas

El voto en el exterior

Por: Por Namphi Rodríguez

La aclaración del congresista estadounidense de origen dominicano Adriano Espaillat de que el Departamento de Estado norteamericano nunca ha dicho que las elecciones del cinco de julio no se podrían realizar ha caído como balde de agua fría sobre los planes de sectores del gobierno que pretendían excluir el sufragio de la diáspora dominicana.

Espaillat ha afirmado que el Departamento de Estado advirtió a las autoridades electorales, diplomáticas y consulares dominicanas que deben tomar las previsiones sanitarias en medio de la pandemia del covid-19 y coordinar con las autoridades locales de cada comunidad porque la ley electoral de los Estados Unidos no es federal, sino estatal.

Los artículos 22.1 y 81.3 de la Constitución establecen el derecho al sufragio de la comunidad dominicana en el exterior, que deberá elegir un total de siete diputados para representar esos conglomerados en Estados Unidos y Europa.

A esa previsión se agregan las disposiciones de la Ley 15-19, Orgánica de Régimen Electoral, que prevé en sus artículos 106, 117, 120, 123 y 124 el régimen que regula el montaje de las votaciones de ultramar para garantizar la participación de los criollos en el exterior.

Esa comunidad representa alrededor de 600 mil votantes, repartidos en tres circunscripciones entre los Estados Unidos de Norteamérica y Europa. El problema está en que no sólo es un derecho fundamental de los electores, sino que la representación de siete legisladores es fundamental para la conformación de la Cámara de Diputados.

Ello así, porque tras la reforma constitucional del 2010, la Carta Política dominicana establece distintos tipos de mayorías para la aprobación de las leyes que se les someten a las cámaras legislativas. De ese modo, mientras las leyes ordinarias y orgánicas se sancionan con la mayoría absoluta y las dos terceras partes de los presentes en cada cámara, las “leyes superorgánicas», como la Monetaria y Financiera, requieren las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de una y otra cámara (artículo 232 constitucional).

La Constitución establece las denominadas “mayorías de excepción” de la mitad más uno de las matrículas de cada cámara para modificar el proyecto de Presupuesto y Gasto General del Estado cuando sea sometido con posterioridad a la fecha prevista en la Carta Sustantiva.

La representación de los siete legisladores de la diáspora dominicana no es sólo un asunto interés de los partidos políticos, sino que la ausencia de esos congresistas en la Cámara de Diputados podría originar trastornos para la correlación de fuerzas y la conformación de mayorías parlamentarias.

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