Política

Eliminación visado de EE.UUU., piedra de tropiezo para políticos, funcionarios, altos oficiales PN y FFAA y empresarios

Si bien el retiro de visado es una prerrogativa del Departamento de Estado que no tiene ningún efecto jurídico en la República Dominicana, se entiende como una sanción moral y como un elemento perjudicial para las personas que resultan impedidas de entrar al territorio norteamericano

El interés por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América de que en el país pueda impartirse justicia ante actos de corrupción, sancionando de manera apropiada a quienes han cometido actos ilícitos, violentando las disposiciones legales o acuerdos internacionales vigentes, en perjuicio de la nación, ha quedado expuesto en diversas ocasiones a lo largo de los años.

Sin embargo, en muchos de los casos, este interés ha quedado sin respuesta, obteniéndose en su lugar, sanciones morales como el retiro del permiso de entrada al territorio estadounidense a funcionarios o personas cercanas al Estado dominicano, vinculadas muchas veces a casos de corrupción.

Si bien el retiro de visado es una prerrogativa del Departamento de Estado que no tiene ningún efecto jurídico en la República Dominicana, se entiende como un elemento perjudicial para las personas que resultan impedidas de entrar al territorio norteamericano.

Casos como el del senador por la provincia San Juan de la Maguana, Félix Bautista o el del empresario Ángel Rondón, cuyo retiro del visado fue informado por la Embajada Norteamericana en República Dominicana, surgen como ejemplos de la posición del Gobierno de Estados Unidos sobre la corrupción en el país caribeño.

En otras circunstancias, el retiro del visado puede ocurrir sin que los motivos sean divulgados públicamente.

Según explica Chase Beamer, consejero para Asuntos Públicos de la Embajada de los Estados Unidos, el hermetismo en lo que se refiere a la revocación del permiso tiene su origen en la ley de inmigración de los Estados Unidos.

La ordenanza establece que los registros de las embajadas estadounidenses relacionados con la emisión, rechazo o revocación de visas se consideran confidenciales, por lo que se prohíbe comentar sobre casos de visas a nivel individual.

En comunicación con Acento.com.do, el funcionario asevera que el Departamento de Estado tiene amplia autoridad para la revocación de visados bajo la sección 221 (i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos.

Las razones para revocaciones son múltiples, van desde un historial de trabajo no autorizado en los Estados Unidos hasta delitos penales, como el narcotráfico. También hay revocaciones de visas basadas en determinaciones del presidente de los Estados Unidos o el secretario de Estado que la entrada de un individuo sería perjudicial para los intereses de los Estados Unidos o representaría consecuencias adversas para nuestra política exterior.

Aquellos individuos cuyas visas han sido revocadas son notificados directamente por el Consulado de los Estados Unidos de manera privada, y le son explicadas las razones de la decisión.

El consejero señala que entre las excepciones se encuentra la Ley Global Magnitsky, una norma que le permite al Gobierno de Estados Unidos imponer sanciones económicas a ciudadanos de todo el mundo que hubieran cometido abusos a los derechos humanos y actos de corrupción en sus propios países de origen. Bajo el amparo de dicha ley sí es posible compartir información de visados, como ocurrió con Ángel Rondón Rijo y Félix Bautista.

“Este tipo de acciones pueden ser tomadas en algunos casos donde existan pruebas o información que indique que una persona no es elegible para tener un visado estadounidense”, detalla Beamer.

Aunque como regla general la información sobre cancelación de visado no puede ser solicitado a través de terceros, “con la finalidad de respetar la privacidad de los involucrados”, la sanción dada por Estados Unidos a funcionarios y exfuncionarios o personas vinculadas al Estado dominicanos sale a la luz, muchas veces en casos en los que sus acciones se encuentran siendo cuestionadas dentro o fuera de la justicia.

El presidente del Senado y secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, en dos ocasiones ha desmentido versiones de la supuesta cancelación del visado para viajar a Estados Unidos.

El presidente del Senado y secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, en dos ocasiones ha desmentido versiones de la supuesta cancelación del visado para viajar a Estados Unidos.

“Hartos de la corrupción”

Las manifestación más recientes sobre la percepción de Estados Unidos en lo que se refiere a la corrupción, fue expuesta por el encargado de Negocios de la Embajada de dicho país, Robert Copley, quien a mediados de noviembre del 2017, puso el dedo en la llaga cuando afirmó que  los niveles de corrupción en República Dominicana habían colmado la paciencia de los ciudadanos.

“Los dominicanos están hartos de la corrupción”, dijo Copley durante un almuerzo en la Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR), haciéndose eco de diversas encuestas y noticias.

El funcionario norteamericano remató citando los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción del 2016, en que el país clasificó en el lugar 120 de 176.

Se trata de un lastre, en palabras de Copley, para el crecimiento de la nación, así como de la región y el mundo.

Meses después, el interés de Estados Unidos en materia de administración de justicia en actos ilegales volvió a presentarse en la forma de una visita del encargado de Negocios de la Embajada al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, realizada el pasado 27 de julio.

Según una publicación del periódico Listín Diario, del primero de agosto, la conversación entre Copley y Rodríguez discurrió sobre la estafa de Los Tres Brazos y los desafíos actuales dentro del sistema legal dominicano para impartir justicia.

Casos

Entre los casos más sonoros – confirmados, rechazados y rumoreados – de retiro de visas se encuentran, además del de Rondón y Bautista, el de Rafael Guillermo Guzmán Fermín, exjefe de la Policía Nacional y exasesor de Leonel Fernández en materia policial. También el del expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, y el del senador reformista Amable Aristy Castro.

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