Entre informes y auditorías tardías: el dinero público que los partidos gastan sin fiscalización oportuna

Los partidos políticos dominicanos han recibido más de RD$10,000 millones del Estado en la última década, mientras la fiscalización sobre el uso de esos recursos sigue llegando tarde. La JCE distribuye los fondos y recibe informes; la Cámara de Cuentas debe auditarlos, pero entre ambas instituciones persiste una brecha que impide conocer a tiempo el destino final del dinero, la forma en que se gasta y las sanciones aplicadas cuando se detectan irregularidades.   

El financiamiento combina recursos públicos y aportes privados para gastos ordinarios y de campaña. La Ley 20-23 de Régimen Electoral dispone que en años de elecciones generales se consigne el equivalente al 0,5 % de los ingresos nacionales y, en años no electorales, el 0,25 %. La Ley 33-18, a su vez, establece los criterios de distribución entre partidos mayoritarios, intermedios y minoritarios.  

Según analistas, el punto central no es solo el monto que reciben las organizaciones políticas, sino la posibilidad real de verificar su uso. Para que exista rendición de cuentas, debe quedar claro quién cobra, qué servicio presta, qué contrato respalda el pago, qué aportes privados ingresan y qué consecuencias se aplican cuando se detectan incumplimientos.  

La Resolución 8-2025 de la Junta Central Electoral confirmó el peso de esos recursos en la vida partidaria. La distribución benefició a las organizaciones reconocidas y concentró los mayores montos en los partidos Revolucionario Moderno, Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana.  

 Los montos suben en años electorales o preelectorales y bajan en años ordinarios. También reflejan decisiones presupuestarias puntuales, como partidas extraordinarias, reglas legales de distribución y ajustes vinculados al calendario electoral.  

La evolución del financiamiento público muestra saltos importantes en los años cercanos a las elecciones. En 2017, los partidos recibieron RD$805,043,462; en 2018, la asignación subió a RD$1,260,400,000; en 2019 llegó a RD$1,506,933,594; y en 2020, año electoral, alcanzó RD$4,013,903,594.  

Luego, entre 2021 y 2023, la asignación se estabilizó en RD$1,260,000,000 por año. Pero en 2024, otro año electoral, volvió a crecer hasta RD$5,041,600,000; para 2025 bajó a RD$1,500,000,000; y en 2026 la Resolución 01-2026 aprobó RD$1,620,000,000, aunque un recorte de 50 % la reduciría a unos RD$810,000,000.  

El debate sobre el monto de esos recursos volvió en 2026. Este año, el presidente Luis Abinader propuso reducir en un 50 % la partida destinada a los partidos políticos, como parte de medidas de austeridad y de revisión del gasto público.   

Para especialistas en transparencia, la medida colocó sobre la mesa una tensión recurrente: reducir el gasto público sin debilitar la pluralidad partidaria ni aumentar la dependencia de aportes privados difíciles de rastrear. 

La diferencia de funciones es importante. La JCE organiza elecciones, reconoce partidos, distribuye fondos públicos y recibe informes. La Cámara de Cuentas debe auditar el uso del dinero público. Cuando una entrega de fondos no va acompañada de auditoría oportuna, el control queda incompleto.   

Fuento acento