Columnas

Favorabilidad laboral

Por: Rafael Ciprián

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El señalado artículo 7.5 de la ley 137-11 sigue diciendo: “…Si una norma infraconstitucional es más favorable para el titular del derecho fundamental que las normas del bloque de constitucionalidad, la primera se aplicará de forma complementaria, de manera tal que se asegure el máximo nivel de protección. Ninguna disposición de la presente ley puede ser interpretada, en el sentido de limitar o suprimir el goce y ejercicio de los derechos y garantías fundamentales.”

El Código de Trabajo, en su Principio Fundamental VIII, estatuye: “En caso de concurrencia de varias normas legales o convencionales, prevalecerá la más favorable al trabajador. Si hay duda en la interpretación o alcance de la ley, se decidirá en el sentido más favorable al trabajador.”

El principio de favorabilidad de la ley en materia laboral se extiende también a los contratos de trabajo.

Por ejemplo, si en un contrato de trabajo existen clausulas que sean ambiguas, oscuras, o simplemente se han omitido algunas especificidades del referido acuerdo entre trabajador y empleador, entonces los jueces debemos interpretarlo siempre de manera que esos aspectos oscuros del contrato surtan efectos jurídicos a favor del trabajador.

Algunos podrían afirmar que con esto se rompe el principio constitucional de la igualdad entre esos contratantes, y se crea una discriminación contra el empleador, sea persona física o persona moral. Y tendrían razón.

Ahora bien, lo que sucede es que el trabajador y el empleador no son iguales. Ellos sostienen una relación jurídico-laboral desigual. Se presume que el trabajador es la parte débil, sometida y subordinada, y el empleador es la parte fuerte, sometedora y subordinadora.

Así las cosas, el principio constitucional de la igualdad se aplica siguiendo la regla de que la igualdad es entre iguales y la desigualdad, entre desiguales. Esto genera una discriminación que debemos asumirla como positiva.

Esa discriminación positiva es ya cosa común en el derecho constitucional. Se aplica al porcentaje reservado por ley para candidaturas de la mujer y de los jóvenes.

Hasta las buenas costumbres y la práctica social imponen efectos favorables cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, señoras embarazadas o personas con ciertas condiciones físicas o mentales, a las cuales debemos darles preferencias en determinadas circunstancias. Y nadie que tenga una mínima educación y cierta razonabilidad se siente perjudicado ante esa desigualdad para crear mejor convivencia social.

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