Columnas

Fiscales obligados aceptar acuerdo en violencia intrafamiliar si cumplen requisitos

Por: John Garrido

La legislación penal establece numerosos acuerdos entre la víctima y su victimario. Estos acuerdos son una forma de salida distinta al juicio penal.  Son soluciones alternativas al juicio penal.

Estas salidas distintas al juicio tienen rango constitucional y convencional.

El código procesal penal es la ley que desarrolla los distintos tipos de acuerdo a que pueden arribar las partes y estas salidas valen para todos los delitos.

En estos acuerdos algunos llevan pena de prisión y para otros no.

Estos acuerdos son la conciliación, la suspensión condicional del procedimiento y resarcimiento integral de daño, (arts. 37,40 y 44.9 cpp). Estos acuerdos se caracterizan por los siguientes: no abra pena para el imputado, el imputado debe reparar los daños provocado a la víctima con un resarcimiento o una indemnización económico a la víctima, puede haber un programa de reglas para el victimario y la victima deberá estar de acuerdo en estos acuerdos.

En la conciliación, el ministerio público deberá percatarse de que la víctima ha dado su consentimiento libre de amenaza y coacción. Es decir, verificar que dio su consentimiento sin presión. Caso contrario deberá desestimar el acuerdo y continuar con la acción penal.

En los delitos de violencia intrafamiliar y aquellos hechos penales que afecten a los menores el ministerio publico estará obligado a procurar la conciliación si la víctima o su abogado han expresados de forma escrita su interés de conciliar. De igual forma, el ministerio público no podrá promover la conciliación sin la integridad física o síquica de la víctima corra peligro o un riesgo.

En estos acuerdos si el victima rompe las reglas del acuerdo o las incumple, el procedimiento penal deberá continuar.

Hay otro acuerdo en los cuales la víctima y el victimario pueden llegar a pactar, este es el procedimiento penal abreviado. El mismo se caracteriza porque el imputado admite el hecho, se acuerda el tipo de pena, puede haber prisión, el imputado deberá pagar económicamente los daños a la víctima, debe desarrollarse un juicio y el juez podrá declarar la culpabilidad o un descargo.

Este último acuerdo tanto el juez penal como el ministerio público lo han desnaturalizado y se han apartado del principio de legalidad en razón de que no celebran un juicio como lo ordena el código. Solo se limitan a homologarlo y esto es ilegal. La ley ordena realizar un juicio oral y no lo hacen.

En fin, por mandato legal el ministerio público en principio está obligado a aceptar un acuerdo en violencia intrafamiliar entre víctima y victimario. La única limitante que le impone el legislador es verificar si la víctima no ha sido presionada por el victimario, que la víctima lo exprese por escrito y que le haya pagado civilmente los daños.

Si el acuerdo en violencia intrafamiliar cumple los requisitos legales el ministerio público está obligado a aceptarlo.

Comentarios para este artículo

Mostrar más

Otros Artículos