Guatemala se incorpora al Proyecto Turquesa II para combatir la trata y el tráfico de migrantes

Guatemala se incorporó al Proyecto Turquesa II, una iniciativa regional contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, financiada por el Gobierno de Canadá y coordinada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Organización Internacional de Policía Criminal.

La participación busca reforzar la prevención, investigación y judicialización de ambos delitos mediante cooperación entre instituciones de justicia penal.

La segunda fase tendrá una duración de 36 meses, hasta marzo de 2029, e incluirá a Guatemala, República Dominicana, Honduras y México. El programa prevé fortalecer los marcos normativos e institucionales, las capacidades sostenibles, la inteligencia criminal, el apoyo operativo y el intercambio regional de información.

La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) participó en la presentación junto con representantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) y el Ministerio Público (MP). El encuentro permitió definir las primeras acciones de coordinación frente a las redes que operan con víctimas de trata y personas migrantes.

Guatemala se incorporó al Proyecto Turquesa II para combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. (SVET Guatemala)

Cuatro áreas para fortalecer la respuesta penal

La secretaria ejecutiva de la SVET, Danissa Ramírez, sostuvo que la adhesión al proyecto permitirá ampliar las herramientas de las instituciones nacionales.

La funcionaria afirmó: “La presentación de la iniciativa Turquesa II representa un paso clave para Guatemala. Nuestro objetivo primordial al integrarnos a este esfuerzo financiado por el Gobierno de Canadá es fortalecer las capacidades de nuestras instituciones de justicia penal, permitiéndonos prevenir, investigar y judicializar de manera más efectiva los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes”.

El plan contempla cuatro líneas de trabajo: el fortalecimiento de normas e instituciones; la formación de capacidades permanentes; el desarrollo de inteligencia criminal y apoyo a operaciones; y la cooperación entre los países participantes. La UNODC e INTERPOL coordinarán las acciones con las autoridades nacionales involucradas.

Turquesa II toma como antecedente el Proyecto Turquesa, aplicado entre abril de 2023 y septiembre de 2025 con un presupuesto de 1,7 millones de euros y también financiado por Canadá. Esa primera etapa se concentró en el análisis de información policial, la capacitación de agentes del orden, fiscales y jueces, y el acompañamiento de investigaciones y operaciones transnacionales mediante herramientas de INTERPOL.

La formación del programa anterior incluyó un esquema de dos semanas destinado a funcionarios de los sistemas de seguridad y justicia. El objetivo fue mejorar la detección de redes, la coordinación entre países y el abordaje de investigaciones vinculadas con delitos transfronterizos.

Más de 200 detenciones en una operación previa

Una operación coordinada por INTERPOL bajo el nombre Turquesa II derivó en más de 200 detenciones relacionadas con redes acusadas de facilitar el traslado de cerca de 3.500 migrantes en América, África, Europa y Asia. El operativo reunió a autoridades de 32 países de cuatro continentes, con Brasil como centro de coordinación.

Durante esas acciones fueron rescatadas cerca de cien posibles víctimas de trata de personas. La UNODC facilitó la coordinación entre organismos de aplicación de la ley y fiscales especializados de América Latina, el Caribe y Asia durante la etapa de preparación.

Los controles se reforzaron en aeropuertos, terminales de autobuses y cruces fronterizos de los países que participaron en aquella operación. La intervención se enfocó en puntos de tránsito y entrada utilizados por organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de migrantes.

El aporte canadiense para Turquesa II integra un paquete de cooperación destinado a México y otros países de América Latina, alineado con las prioridades del Plan de Acción México-Canadá.

La iniciativa también incluyó una contribución al Programa de Identificación Humana del Fondo de Población de las Naciones Unidas y tecnología satelital canadiense para detectar embarcaciones vinculadas con la pesca ilegal.