Cartas del Lector

Intervenga Presidente

Señor director:

Considero que el presidente Danilo Medina debería intervenir ante los abusos y acciones que pueden considerarse como una estafa contra los ciudadanos que nunca han manejado y conductores de vehículos livianos y pesados, que son sometidos al Tribunal de Tránsito, a través de la Dirección General de Servicios de Tránsito y Transporte (Digesett), con la imposición de multas, en su mayoría injustificadas, ya que las mismas tienen como objetivo recaudar dinero para el Estado.

Resulta difícil creer que los agentes de la Digesett actúen solo por órdenes de los altos oficiales del organismo, dependiente del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

La intervención del jefe de Estado es más que justa, ya que sólo mediante una orden ejecutiva los oficiales y agentes de la Digesett dejarían su práctica abusiva contra conductores y ciudadanos.

Someter a personas a un tribunal es un abuso de poder, cuando la causa para hacerlo es injustificable. En algunas ocasiones el Tribunal de Tránsito las deja sin efecto.

Pero persiste el interés de recaudación de parte del Estado, que es lo de mayor peso y presión para la Digesett.
¿Por qué imponer multas excesivas a conductores? Es por el interés recaudatorio del Gobierno. Pues las apelaciones son fechadas para tres y hasta cuatro meses, tiempo que automáticamente obliga a los sometidos a pagar las multas, ya que al ser tan extendido el ciudadano termina regularmente teniendo que aceptar lo que es una injusticia, un abuso de poder, porque urge de renovar licencia, obtener un permiso de aprendizaje para obtener la licencia de conducción, un papel de buena conducta o cumplir compromiso con el mismo Estado, a través de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), como la renovación de matrículas para vehículos de motor, entre otros.

Ya que el Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH) ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han salido en defensa de los ciudadanos afectados ni actuado contra esa especie de estafa y abuso de poder que son las “multas fantasmas” de la Digesett, ya es un asunto de derechos humanos; que las centrales sindicales ni los gremios que agrupan a los choferes, taxistas y motoconchos no han presionado a las autoridades para que dejen sin efecto esas violaciones a la Constitución y a las leyes, solo queda apelar al presidente Danilo Medina, para que como ejecutivo de la Nación frene y erradique esa práctica vieja de la Digesett-Estado, que lacera la base social del Gobierno y le genera impopularidad.

Rafael Tomás Jaime
Periodista

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