Juez anula programa del gobierno de Biden que protegía cónyuges migrantes de la deportación

Un juez federal anuló el jueves una política del gobierno del presidente Joe Biden que buscaba facilitar el camino hacia la ciudadanía a algunos inmigrantes sin la documentación pertinente que están casados con ciudadanos de Estados Unidos.

El programa, elogiado como una de las mayores iniciativas presidenciales para ayudar a las familias migrantes en años, permitía que los cónyuges y los hijastros de ciudadanos estadounidenses solicitasen una “tarjeta verde”  la tarjeta de residencia permanente para inmigrantes sin tener que salir primero del país.

La medida contra la deportación brindó una breve sensación de seguridad a las 500.000 personas que se estima que se podrían beneficiar de ella, hasta que el juez del distrito de Estados Unidos en Texas J. Campbell Barker la suspendió en agosto, días después de que los solicitantes presentaron la documentación.

Barker dictaminó el jueves que el gobierno se había extralimitado en sus funciones con la aplicación de la norma y estiró la interpretación legal de la ley de inmigración pertinente “más allá de su punto de ruptura”.

Era poco probable que la efímera iniciativa de Biden, conocida como “Keeping Families Together” (Manteniendo a las familias unidas), se mantuviese después de que el presidente electo, Donald Trump, asuma el cargo en enero. Pero su final anticipado crea una mayor incertidumbre para las familias migrantes, mientras muchas se preparan para el regreso del republicano a la Casa Blanca.

Barker había suspendido el programa migratorio luego de que Texas y otros 15 estados, encabezados por sus secretarios de Justicia republicanos, presentaron un recurso legal que acusaba al ejecutivo de eludir al Congreso para ayudar a las familias migrantes con “fines políticos descarados”.

Los republicanos argumentaron que la iniciativa tenía un costo para sus estados y podría atraer a más migrantes a Estados Unidos.

La medida se habría aplicado a personas que han vivido de forma continuada en el país durante al menos 10 años, no representan una amenaza de seguridad y han utilizado la herramienta legal conocida como “parole in place”, que ofrece protecciones contra la deportación.

Aquellas personas casadas con un ciudadano estadounidense antes del 17 de junio, el día antes de que se anunciara el programa, podían pagar una tasa de solicitud de 580 dólares y rellenar una extensa solicitud explicando por qué merecían beneficiarse de la iniciativa. Si se aprobaba, los solicitantes tendrían tres años para pedir la residencia permanente y obtener un permiso de trabajo.

No estuvo claro de inmediato el jueves si alguien había sido aceptado en el programa, que recibió solicitudes durante alrededor de una semana antes de que el juez federal lo pusiera en suspenso.

Los cónyuges no ciudadanos puede legalizar su estatus, pero normalmente deben solicitarlo desde sus países de origen. El proceso suele incluir una espera de varios años fuera de Estados Unidos, lo que puede separar a los miembros de una familia con diferentes estatus migratorios.

Fuente: AP