La cédula, su historia y el salto que da en 2026
Es un instrumento que nació como mecanismo de control político y que, casi un siglo después, llega a 2026 convertida en el eje de una profunda reconfiguración del sistema nacional de identidad.
El pasado 18 de diciembre de 2025, la Junta Central Electoral (JCE) anunció oficialmente la emisión de la nueva cédula de identidad y electoral, dotada de avanzadas características de seguridad y fabricada en materiales de alta tecnología. Este anuncio constituye la expresión más reciente —y probablemente la más trascendente— de un largo proceso histórico iniciado en 1932.
A lo largo de su existencia, la cédula ha reflejado, de manera casi paralela, los avances tecnológicos del Estado y las transformaciones sociales y políticas de la República Dominicana: pasó de ser un instrumento de vigilancia estatal y control social a convertirse en una herramienta de identidad segura, moderna y con vocación digital al servicio de la ciudadanía.
El nuevo documento, cuya entrega iniciará el 18 de enero con la cedulación del presidente Luis Abinader y continuará de forma progresiva y cronometrada hasta abarcar todos los sectores de la población, consagra —de acuerdo con la configuración anunciada— el documento de identidad más seguro en la historia nacional, con una probabilidad mínima de falsificación o alteración y garantía de los fines a los cuales se ha proyectado.
La información ofrecida por la JCE apunta a una reconfiguración integral del sistema de identidad, sustentada en marcos legales, tecnológicos y de seguridad de última generación.
Tras asistir al lanzamiento oficial del proyecto y conocer en detalle sus 100 características de seguridad, el uso de policarbonato como material base de impresión y las innovaciones tecnológicas incorporadas, queda claro que lo anunciado por la JCE en el Hotel Sheraton representa para el país un auténtico salto cualitativo en materia de documentación ciudadana y garantía de la identidad personal.
La historia de la cédula
La entrega de la primera cédula dominicana se produjo el 1 de enero de 1932 al entonces presidente Rafael Leónidas Trujillo. La segunda fue expedida el 16 de febrero de ese mismo año al agricultor Domingo Álvarez, de 50 años de edad, residente en el sector Gascue, en Santo Domingo.
Con esta medida, el país se incorporaba a una tendencia estatal iniciada en Francia, según consigna la Enciclopedia Británica, como sistema de identificación personal obligatoria entre 1792 y 1803, durante y después de la Revolución Francesa.
En ese período, el Estado francés comenzó a emitir documentos civiles de identidad con fines de control poblacional, registro ciudadano, regulación de la movilidad interna y ejercicio de derechos civiles y políticos.
En 1803, bajo el liderazgo de Napoleón Bonaparte, se consolidó el sistema de papiers d’identité y los registros civiles centralizados.
El documento de identidad concebido inicialmente para la República Dominicana tenía la forma de un cuadernillo. La primera cédula fue un carné o tarjeta simple, diseñada para una identificación básica, aunque incorporaba elementos de control exhaustivo.
La ley que dio origen a la cédula fue la núm. 247, aprobada el 29 de diciembre de 1931 y publicada en la Gaceta Oficial núm. 4424, según refiere el Archivo General de la Nación en su portal web. Aunque su objetivo público era dotar a los ciudadanos de un documento oficial de identificación, los historiadores de la época coinciden en que, de manera subyacente, respondía al propósito de control político de la población.
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Si bien el documento contribuyó a organizar el país desde el punto de vista de la documentación ciudadana, Trujillo impulsó su implementación como parte de su estrategia para consolidar el poder tras la crisis económica de 1929 y la devastación causada por el ciclón San Zenón en 1930.
En sus inicios, la cédula debía ser portada obligatoriamente por los hombres mayores de 18 años; en 1940 el límite se redujo a 16 años para los hombres y, en diciembre de ese mismo año, se extendió a las mujeres mayores de 18 años mediante la Ley núm. 390. Existían exenciones para altos funcionarios, militares, policías, diplomáticos e indigentes, aunque estas fueron eliminadas gradualmente.
La emisión comenzó de manera modesta. En 1932, las oficinas de cedulación contaban apenas con ocho empleados: un director, un ayudante, un técnico en huellas dactilares, contadores, mecanógrafos y un mensajero. El documento se elaboraba en cartulina o cartón grueso, impreso con tinta, y los datos personales se ingresaban manualmente mediante máquinas de escribir.
La cédula incluía un número único de identificación —el núm. 1 correspondió a Trujillo—, número de serie, fotografía del titular, huellas dactilares estampadas manualmente, nombre y apellidos, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, ocupación, dirección, color de ojos y piel, señas particulares, nombres de los padres, espacio para la firma del portador y sellos oficiales. En su origen no incluía funciones electorales.
Su formato era el de un pequeño “librito” o tarjeta doblada, con páginas destinadas a los sellos de renovación anual. Carecía de elementos avanzados de seguridad como hologramas, lo que la hacía relativamente fácil de falsificar, aunque su obligatoriedad la convertía en un eficaz instrumento de control. Su costo oscilaba entre 1 y 50 pesos, según una escala socioeconómica, y debía renovarse cada año.
En 1932, la emisión del documento generó cerca de medio millón de pesos si se suman los ingresos por multas, que ascendían a cinco pesos y hasta 15 días de prisión para quienes no la portaran o renovaran.
La cédula era indispensable para inscribirse en escuelas y universidades, contraer matrimonio o divorciarse, hospedarse en hoteles, obtener empleos públicos o profesionales, licencias de conducir, viajar entre ciudades, abrir cuentas bancarias, entrar o salir del país e incluso para actividades domésticas a partir de 1940.
Carecer de ella podía equivaler a una suerte de muerte civil. También era exigida en retenes militares, patrullajes nocturnos y por los temidos “calieses”.
Modelo al que derivó la primera cédula. Este espécimen es de 1940 y se mantuvo así hasta 1970.
El documento facilitó la persecución de opositores políticos, como ocurrió con el dirigente sindical Mauricio Báez, arrestado por portar una cédula desactualizada. Su función de control se reforzaba con la exigencia del carné del Servicio Militar Obligatorio y la “Palmita”, carné de afiliación al Partido Dominicano.
La estructura administrativa también evolucionó: de una oficina básica en sus inicios, en 1935 se creó la Oficina de Control de Cédula (Ley núm. 911), que en 1945 pasó a ser Dirección General.
FUENTE: ACENTO
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