Columnas

La ciudadanía ante el TC

Por: Namphi Rodríguez

Tras la proclamación de la Constitución de 2010, se abrió un capítulo inédito en la historia del país para la participación de la ciudadanía en la justicia constitucional. La Carta Magna proclamó el Estado Social y la defensa de los derechos fundamentales como el fundamento de la nueva Constitución.

El catálogo de derechos fundamentales fue ampliado y se elevaron derechos económicos y sociales de tercera generación a un rango de máxima jerarquía normativa.

Sin embargo, la protección de esos derechos se ha visto impactada por el lento desarrollo legislativo y la falta de armonización de la legislación adjetiva con la Constitución; por lo que ha correspondido a la jurisdicción constitucional asumir la obligación de garantizar la efectividad de estos derechos, en consonancia con el mandato del artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Garantías constitucionales como la acción de amparo, el hábeas data y la acción directa de inconstitucionalidad han sido puestas por el constituyente a disposición de la ciudadanía para la construcción del nuevo paradigma de Estado bajo el amparo del principio soberanía popular y la cláusula de Estado Social.

Dicho camino quedó consolidado con la sentencia TC/0345/19, en la que el Tribunal Constitucional dio un giro definitivo a la legitimación procesal activa para accionar en inconstitucionalidad.

Con esta sentencia, el Constitucional reorientó su concepción sobre la legitimación procesal para la acción directa de inconstitucionalidad, aproximándola más a una especie de acción popular.

Este ha sido un terreno que han abonado las acciones procesales de entidades como la Fundación Prensa y Derecho, organización de la sociedad civil que trabaja en la promoción de una cultura de respeto a los derechos fundamentales.

En tal sentido, en noviembre de 2013, el Constitucional evacuó la sentencia TC/0200/13, producto de una acción de inconstitucionalidad de la Fundación Prensa y Derecho contra el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, por el derecho a la intimidad consignado en el artículo 44 de la Constitución de los usuarios de las telecomunicaciones, con lo cual se impidió que los organismos represivos tuvieran acceso directo y sin orden judicial a los archivos de las comunicaciones telefónicas e Internet de los ciudadanos.

A esto siguió la sentencia del Tribunal Superior Administrativo TSA/442/13, de noviembre de 2013, en la cual se le ordena al Indotel y a ProConsumidor revisar los contratos de adhesión de las empresas telefónicas con los usuarios.

A solicitud de la Fundación, el TC también ha fallado las acciones de inconstitucionalidad TC/0448/16, TC/0075/16/, TC/0092/19/, TC/0484/19 y tiene pendiente otros recursos de esta entidad.

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