Anticorrupción

La corrupción: una ‘enfermedad’ en América Latina

Cada vez hay más políticos en América Latina presos o señalados por la Justicia de sus países por sus supuestas implicaciones en escándalos de corrupción. Desde 2014, año en el que comenzó la brasileña ‘operación Lava Jato’ con la que se destapó una enorme trama de sobornos por toda la región, la lista no ha hecho más que añadir miembros. Entre los nombres más destacados se encuentra el de Luiz Inácio Lula da Silva, ex presidente de Brasil encarcelado y cuya formación, el Partido de los Trabajadores, acaba de presentar su candidatura para las elecciones presidenciales del próximo octubre.

En estado crítico. Así se encuentra América Latina en cuanto a niveles de percepción de corrupción, alertó con su último informe, referente a 2017, la ONG Transparencia Internacional. Según el índice empleado por esta organización, el país peor calificado de la zona es Venezuela -ocupa el puesto 169 de un total de 180 naciones y con una puntuación de 18-, seguido de Haití, Nicaragua y Guatemala.

La ‘operación Lava Jato’ “ha tenido impacto en 12 países de América Latina”, explica por teléfono el abogado peruano y ex presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz. Lo que se traduce en que “13 ex presidentes y un vicepresidente” están siendo investigados, según calcula Ugaz. Este letrado conoce bien lo que es luchar contra la corrupción en la región, ya que en el pasado acusó por dicha razón al ex mandatario Alberto Fujimori y a su asesor Vladimiro Montesinos.

Precisamente, en Perú, cuatro presidentes han sido señalados por el ‘caso Odebrecht’, que es una ramificación de la ‘operación Lava Jato’. Pedro Pablo Kuczynski dimitió el pasado marzo tras la presión sometida por el Congreso para que abandonara el poder por sus vínculos con la compañía brasileña. Le sustituyó su primer vicepresidente, Martín Vizcarra. Alejandro Toledo se encuentra prófugo de la Justicia y está acusado de recibir un soborno de 20 millones de dólares de la constructora brasileña; Alan García está siendo investigado por financiamiento de su campaña de 2006; y Ollanta Humala, que estuvo en prisión preventiva, ahora está libre pero sigue bajo el punto de mira de la Justicia por supuestamente haber recibido dinero de la citada entidad. Odebrecht admitió haber pagado más de 3.000 millones de dólares en América Latina y África, informó la agencia France-Presse.

Jorge Glas, vicepresidente de Ecuador durante el mandato de Rafael Correa, fue condenado a seis años de prisión por delito de asociación ilícita. El panameño Ricardo Martinelli fue extraditado el pasado mes de junio desde EEUU. El salvadoreño Elías Antonio Saca está en prisión desde hace casi dos años y su sucesor, Mauricio Funes, se encuentra prófugo en Nicaragua. En Colombia, Juan Manuel Santos también fue apuntado por la Justicia.

En Brasil, Lula da Silva fue condenado a 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero. La sombra de la sospecha también ronda a la ex presidenta Dilma Rousseff -destituida el 31 de agosto de 2016 por el Senado, por otras causas- y a quien fuera su vicepresidente y actual mandatario brasileño, Michel Temer.

Más allá de la ‘operación Lava Jato’, hay otros problemas de corrupción que han teñido el mapa político latinoamericano. El ex general guatemalteco Otto Pérez Molina fue encarcelado por un fraude aduanero conocido como ‘La Línea’, el cual despertó multitudinarias protestas en el país. Este año fue detenido quien dirigiera Guatemala entre 2008 y 2012, Álvaro Colom, por un fraude millonario.

“Odebrecht es la expresión de algo que se viene viendo desde hace tiempo”, señala el abogado Ugaz. “La corrupción en América Latina es histórica”, destaca el letrado peruano. Como ejemplo cita la actual investigación que rodea a Cristina Fernández de Kirchner.

“No es episódica, es un problema sistémico” y, como solución a esta enfermedad que asola a la región, Ugaz apuesta por medidas estructurales, es decir, reformas políticas y de los sistemas de justicia. “Adoptar medidas para generar institucionalidad con un marco normativo adecuado”, concluye.

Fuente: El Mundo

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