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“La Hiper-inflación penal y la prisionización extrema ”

Por: Pedro J. Duarte Canaán

Para el año 2008, las estadísticas oficiales nacionales daban cuenta de una totalidad de 10,623 internos preventivos, las cuales demuestran un tráfico propenso de crecimiento constante, llegando algunos juristas patrios a expresar que se estaba haciendo un uso inadecuado, abusivo e irracional de la Prisión Preventiva como medida de sujeción, puntualizando además que ésta era una especie de Condena anticipada que desmedra el inefable Principio de Inocencia, y según la fuente oficial tenemos en la actualidad 29,050 acusados preventivos.

Es obvio que el fenómeno de la prisionización se ha elevado de forma luenga a raíz de la promulgación del Esquema Acusatorio Adversarial Formal, y en ese contexto recordamos fragmentos del pensamiento doctrinal del ilustre Sensei Ramón De La Cruz Ochoa, quien sostiene “que no puede haber reforma del proceso penal sin la selectividad controlada del uso del Derecho Penal, ya que si concebimos el mismo Derecho Penal como el instrumento jurídico que intervendrá indiscriminadamente en todo conflicto social, no habrá reforma en el proceso penal que tenga éxito”.

Se arguye el argumento de que “prohibir por prohibir es una crueldad innecesaria o un dogmatismo, y lejos de solucionar dolorosos conflictos sociales, los acentúa y agrava”. (DE MOLINA, Pablos, GARCIA, Antonio, El Redescubrimiento de la Victima: Victimización Secundaria y Programa de Reparación del Daño). Se puede palpar como una verdad cristalina el empeño de sectores de poder que con la más injustificada hipocresía y demagogia aspiran a que en la media isla exista un derecho penal extremista, capaz de prohibir la más insulsa e intrascendente conducta con el propósito marcado de mantener vivo un discurso propio de los más deleznables tartufos enquistados muchas veces en la sombra del poder, los cuales manipulan de manera aviesa a una población sin autoestima, desvencijada desde la óptica moral, y sobre todo arrodillada ante el Dios-Mercado.

De lo sustentado precedemente por el Letrado Cubano, se entiende como opción viable una enmienda integral sin parches en el Modelo Acusatorio Adversarial que abarque primero la reforma de los reformadores, y que la misma incluya las diferentes aristas que deben ser trabajadas en un proceso delicado como lo es la administración de justicia criminal, ya que no se le debe imponer a un colectivo un derecho procesal penal que no tenga la anuencia del soberano, en el entendido de que la referida ley adjetiva que creó el sistema aludido no fue el resultado de un levantamiento puro realizado por Senseis especializados en Derecho Procesal Penal, ni contó con la participación de un equipo multidisciplinario de profesionales los cuales debieron haber externado su criterio en lo concerniente a un esquema híper-garantista, por lo que se sugiere la necesidad de una contrarreforma.

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