Opinión

LA OSCURA LEY MORDAZA

En la supuesta búsqueda de proteger la imagen y honor, esta ley sobrepasa la proporcionalidad y llega a convertirse en   una sobreprotección de derechos a favor de las figuras públicas, limitando el derecho a la información y opinión de los periodistas.

Sobre el aspecto material de este proyecto de ley vemos que buscaron la creación de una armadura para proteger a los casos de corrupción del sector público, este proyecto es la respuesta al miedo de aquellos violadores de la ley.

Desde otra óptica es que existen sectores tradicionales resistentes al cambio, pues estos les temen a las redes sociales, por su poder de información, convocatoria y sobre la celeridad de llegar a las masas. Además, que las redes monetizan sumas grandes de dinero, esta situación causa ronchas.

Hemos podido identificar en el proyecto que los art 8, 9, 10, en resumen, contienen limitaciones a los periodistas y a los medios digitales, “como el absurdo de pedirle permiso a la persona que voy a dar información pública, aquí se resumen unas restricciones que la libertad de prensa queda amordazada, no se podría informar sobre investigaciones de corrupción del sector público y privado.

El articulo 49 de la Constitución Dominicana, habla sobre la Libertad de expresión.  1) Toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende busca, investigar, recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público, por cualquier medio, canal o vía, conforme determinan la constitución y la ley.

El marco general del contenido de este proyecto buscar limitar la prensa y las redes sociales, reflejando una vulgar mordaza a la libertad de expresión. Quedando el pueblo desprotegido. Cada celular, computadora, tiene un IP o un código de rastreo, que identifican al autor, es decir su propia persona física o moral, asumen una responsabilidad. Pues el uso correcto de las redes sociales está actualmente controlado en lo que concierne a la responsabilidad civil y penal, hay casos de condenas a famosos en nuestro país.

Hasta ahora la información de las redes son contundentes, pero las supuestas difamaciones al honor e imagen, como quieren alegar en el proyecto, siempre fueron atinentes a quien se le indilgaban los hechos propios del caso específico. No hay necesidad de tal ley, porque existe la ley 53-07, ley de crímenes y delitos de alta tecnologías, la misma trajo sanciones a las redes y medos digitales.

La Constitución dispone en su artículo 49 numeral 4, toda persona tiene el derecho a réplica y rectificación cuando se sienta lesionada por informaciones difundidas este derecho se ejercerá conforme a la ley.

Infiere a que actualmente están protegidos por la ley 6132 del 1962 sobre expresión y difusión del pensamiento y por la misma constitución el derecho de defenderse cuando haya una violación a un derecho fundamental.

La doctrina mundial a considerado a los funcionarios públicos no se les puede resguardar el honor e imagen igual que a un particular, sobre el derecho que tiene la población de saber más sobre sus funcionarios, sobre la ética y peso moral que debe, mantener, razones que limitan su intimidad e imagen ante la sociedad actual, la mejor protección mantenerse por las reglas.

La libertad de expresión colida con la libertad de honor intimidad e imagen, en ese contrapeso la preferencia debe siempre quedar a favor de la prensa, cuando se trate de casos de funcionarios públicos.

Las redes sociales son realidades palpables de la nueva era de la comunicación globalizada, es la única herramienta real del pueblo, que el ciudadano posee para alzar su voz, ante las injusticias y calamidades.  Querer limitarla bajo el pretexto de la fricción con otro derecho, es una clara afectación a la libertad de expresión, los derechos fundamentales deben ensancharse y no disminuirlos.  No podemos volver al pasado y vivir desinformado, o pidiendo permiso antes de publicar, hemos evolucionado, gracias a las redes sociales.

Por: César Noboa

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