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La potestad sancionadora

Por: Namphi Rodríguez

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¿Cuál es la altura del tejado de un doctrinario que, por todos los medios, procure negar un precedente vinculante establecido por una sentencia del Tribunal Constitucional?.

Sobre la sentencia TC/0080/19, se desaprovechó la oportunidad para definir los contornos de la potestad sancionadora o que confunde el procedimiento administrativo con dicha potestad; pero en la dicción literal del fallo que se pretende controvertir, el Tribunal Constitucional dictaminó que sobre “la facultad de aplicar multas atribuidas por el legislador a la Dirección Ejecutiva de Proconsumidor, el tribunal destaca que se trata de una prerrogativa legal compatible con la Constitución, en la medida en que el constituyente solo prohíbe a la Administración Pública la aplicación de sanciones que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad, no así la aplicación de sanciones de naturaleza pecuniaria, como lo son las multas”.

Esa es la letra de la sentencia y resulta un sofisma la tesis de que en su ratio decidendi el TC lo que alcanza es a reconocer la potestad de inspección o de policía del órgano de defensa de los consumidores .

Cuando decimos que la sentencia perdió la oportunidad de extenderse y configurar el tema de la potestad sancionadora en el caso conflictivo de una ley pre-constitucional como la No. 358-05, de Protección del Consumidor o Usuario.

En la obra Protección Constitucional del Consumidor y del Usuario hemos afirmado que la interpretación de la Ley 358-05 se debe realizar al amparo de la Constitución del 2010, debido al principio de supremacía constitucional y al hecho de que es improcedente pretender que las cláusulas constitucionales se sujeten a leyes anteriores, pues la remisión de normas supralegales a leyes que les preceden no puede fundarse lógicamente.

El reconocimiento de la potestad sancionadora de la Administración está enunciado en los artículos 40.13, 40.17 y 69.10 de la Carta Sustantiva. El primero de estos artículos establece que “nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan infracción penal o administrativa”.

El texto del 40.17 prevé que “en el ejercicio de la potestad sancionadora establecida por las leyes, la Administración Pública no podrá imponer sanciones que de forma directa o subsidiaria impliquen privación de libertad; para concluir con el artículo 69.10, que prescribe que “las normas del debido proceso se aplicarán a todas las actuaciones judiciales y administrativas”.

Estas disposiciones son desarrolladas por la Ley 107-13, de Procedimiento Administrativo, y por la Ley 358-05, que estipulan el principio de ejercicio normativo de las potestades de un órgano como Proconsumidor.

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