Columnas

La regulación económica

Por: Namphi Rodríguez

Los órganos o entes reguladores tienen su basamento legal en el artículo 147 de la Constitución y están instituidos por leyes especiales. Son ellos los intendentes de los aspectos técnicos y jurídicos de los servicios públicos.

Regularmente son organismos descentralizados y autárquicos con autonomía presupuestaria y financiera. Su financiación es mixta, ya que procede de fondos públicos y de tasas que pagan los usuarios de los servicios públicos o las empresas operadoras. En sus facultades concentran potestades reguladoras, de inspección y sancionadoras.

Su encuadre en el aparato público corresponde a lo que la Ley 247-12,Orgánica de la Administración Pública (LOAP), define como descentralización funcional de la Administración, que no es más que una técnica de organización administrativa para transferir competencias a personas jurídicas de derecho público, organizadas en forma de órganos autónomos y descentralizados del Estado, dotadas de patrimonio propio, autonomía administrativa, financiera y técnica, con las competencias o atribuciones específicas que determine la ley.

Pese a que, en su mayoría, los consejos directivos de estos órganos reguladores son nombrados por el Poder Ejecutivo mediante distintas técnicas burocráticas, deben gozar de independencia funcional para que puedan transferir a los prestadores esta imparcialidad al momento de adoptar sus decisiones.

La legislación ha de cuidar que esa independencia se manifieste no sólo frente al poder público, sino también respecto de los prestadores privados. Su única ideología debe ser el interés general y colectivo. Por esa razón, hay un “anhelo institucional” de estabilidad funcional de los titulares de los órganos, a fin de garantizar la no injerencia política o económica en sus decisiones.

Empero, ello no implica que no deban estar sujetos al poder fiscalizador presupuestario y que sus regímenes especiales desborden el ordenamiento jurídico general mediante la atribución injustificada de privilegios irritantes en sus sistemas de función pública o sus escalas salariales.

Estos órganos reguladores quedan sujetos al poder de fiscalización de sus ministerios cabeceras, los tribunales, de la Contraloría General de la Nación, del Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario (Proconsumidor), del Congreso Nacional, del Defensor del Pueblo y de las asociaciones de usuarios y consumidores.

Una característica común de estos órganos es que las legislaciones sectoriales se han ocupado de organizarlos de acuerdo de una estructura pluri-sectorial, de forma que en ellos se expresen los prestadores privados de servicios públicos, el Estado como regulador y los usuarios.

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