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La República Dominicana reitera pacto climático con tímida ejecución de metas

iene pendiente el cumplimiento de los objetivos asumidos en convenios

Recientemente la República Dominicana reiteró su compromiso medioambiental de cara a incrementar su ambición climática para ser un país neutro (respecto a la emisión de carbono) para el año 2050 y reducir la emisión de gases de efecto invernadero entre 25 % y 27 % para el año 2030 tomando como base de referencia el año 2010. Este pacto se consolidó en un encuentro del vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático, Max Puig, junto al embajador del Reino Unido, Mockbul Ali OBE. En otra importante reunión en la residencia de la Embajada Británica, se congregaron el ministro Orlando Jorge Mera y Milagros De Camps Germán, viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, respectivamente, para enfatizar su deseo de labor a favor del clima. A propósito de la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2021 (COP26) a efectuarse desde el 01 hasta el 12 de noviembre en Glasgow, Escocia, Reino Unido, que tendrá la participación del presidente Luis Abinader, que goza del apoyo de la sociedad civil y el sector privado en esta cuestión.

La “COP” se refiere al órgano de toma de decisiones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en la cumbre, los delegados, incluidos jefes de Estado, expertos en clima y negociadores, se reunirán para acordar una acción coordinada para abordar el cambio climático. Además, la entidad precisa que también habrá espacio para que los países, las organizaciones internacionales y otros delegados muestren la acción climática, resalten los diversos temas del cambio climático y compartan conocimientos. Igualmente, evaluar los compromisos rubricados en el Acuerdo de París en el 2015 para que los países tengan una causa común y se evoquen hacia una respuesta mundial frente a los efectos del cambio climático.

En el acuerdo “Contribución Prevista Determinada a Nivel Nacional”, (INDC-DR), y Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (NDS, por sus siglas en inglés), la visión de la República Dominicana establece que: “Promueve la transformación de la sociedad hacia una cultura de producción y consumo sostenible, que gestiona los riesgos con equidad y eficiencia, protección del medioambiente y los recursos naturales, y promover una adecuada adaptación al cambio climático. Este es un enorme desafío dadas las circunstancias nacionales, las condiciones territoriales y las características ambientales que se suman y exacerban los desafíos impuestos por el cambio climático”, apuntan.

Advierten que como país de alta vulnerabilidad, República Dominicana aspira a lograr un acuerdo global que limite el aumento de la temperatura media global a 2 grados centígrados, con reducción progresiva a 1,5 grados centígrados, basado en el consenso científico. “La contribución prevista determinada a nivel nacional de la República Dominicana se ha diseñado sobre la base de capacidades nacionales, condiciones de financiación previstas y circunstancias nacionales”.

Objetivos pendientes

Sin embargo, a pesar de los increíbles esfuerzos de los gobiernos anteriores y el actual, la República Dominicana tiene pendiente la ejecución de los objetivos asumidos en diversos convenios locales e internacionales para alcanzar esa positiva reputación internacional en materia de clima y medioambiente. Los objetivos, que son una lucha de intereses sociales, empresariales y políticos constantes, deben enfocarse en erradicar prácticas nocivas como: los vertederos a cielo abierto, detención de la contaminación de ríos, arroyos y afluentes a causa de empresas petroquímicas, plásticos, ciudadanos y extracción ilegal de arena. También, la tala de árboles, la pesca indiscriminada, producción de plásticos en cantidades industriales sin responsabilidad social empresarial, la carencia de orden territorial, la minería irresponsable, la carencia de educación ambiental ciudadana, mal manejo de aguas residuales, el incremento de tugurios al margen de ríos y playas que no poseen sistemas de recogida de basura eficientes y un sistema sanitario adecuado, además de la improvisada quema de residuos y madera. Son recurrentes las denuncias de prácticas malignas u olvido de las autoridades de áreas protegidas y afluentes importantes, dejadas en las manos depredadoras del ciudadano. También, en temporada ciclónica, hechos trascendentales han calado la prensa internacional como la acumulación de cientos de kilos de desechos plásticos arrojados al litoral sur del malecón de Santo Domingo, los fuegos provocados en vertederos y en cientos de tareas de pino en las montañas de la región norte. Igualmente, los mercados públicos que carecen de sistemas sanitarios y disposición final de aguas residuales. Así lo confirma un estudio realizado por el PNUD, que asegura que el 79 % de las aguas residuales del país termina en los océanos, impactando directamente la biodiversidad acuífera y el turismo, nuestra “marca país”.

En cambio, se podría incentivar el uso de los medios ecológicos y el aprovechamiento de fuentes de energías renovables (eólica, hidroeléctrica y solar). Adoptar modelos de recolección y disposición final de basura más eficiente, desarrollar un plan nacional de educación ambiental con régimen de consecuencias (Ley 64-00) , y hacer cumplir los reglamentos, leyes ya existentes junto a una voluntad gubernamental determinada al cambio positivo.

Avance

Por otro lado, hay que destacar un logro importante, y que su éxito radica en su cumplimiento. Es la “Ley general 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos”, que tiene por objeto “prevenir la generación de residuos, además de establecer el régimen jurídico de su gestión integral para fomentar la reducción, reutilización, reciclaje, aprovechamiento y valorización de los residuos”. También, pretende regular los sistemas de recolección, transporte y barrido, los sitios de disposición final, estaciones de transferencia, centros de acopio y plantas de valorización con la finalidad de cuidar el medio ambiente, proteger la salud de la población y disminuir la generación de gases de efecto invernadero.

Asimismo, el pasado 16 de febrero Medio Ambiente inició la consulta en diversos sectores para la elaboración del reglamento de aplicación de esta ley, que posteriormente será llevado al Poder Ejecutivo para su aprobación y publicación mediante decreto. Por igual, el recién sometido proyecto de ley que prohíbe la venta y consumo de plásticos en zonas costeras. Entre otras acciones que son plausibles y oportunas que en reiteradas ocasiones carecen de continuidad de Estado.

UNEP

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, por sus siglas en inglés), en un reporte publicado el pasado 18 de febrero, titulado: “Hacer las paces con la naturaleza: un plan científico para abordar las emergencias climáticas, la biodiversidad y la contaminación ”, presentado en conjunto por el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres e Inger Andersen, economista, ambientalista y directora ejecutiva de la UNEP, señalan que la guerra de la humanidad contra la tierra no tiene ningún sentido. “La humanidad está librando una guerra contra la naturaleza. Esto no tiene sentido y es suicida. Las consecuencias de nuestra imprudencia ya son aparente en el sufrimiento humano, enormes pérdidas económicas y la acelerada erosión de la vida en la Tierra. La urgente necesidad de transformar nuestra relación con la naturaleza corre el riesgo de ser pasado por alto en medio del enorme sufrimiento infligido por el COVID-19. Salvar vidas y medios de subsistencia preciosos es nuestra máxima prioridad”, enfatiza el documento oficial.

Fuente: El Caribe

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