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La Seguridad Social: más allá del paradigma local

Por: Nathaly Ramírez Díaz

Los derechos no dejan de ser derechos porque, en principio, no se te reconozcan.

Tanto en la República Dominicana, como a nivel internacional, en los últimos años, se ha emprendido una búsqueda transcendental para brindar respuestas a los reclamos de las personas con relación a la garantía del Derecho a la Seguridad Social, ya que este derecho nace ante la necesidad de dar respuestas a preocupaciones propias de las sociedades, cuando por razones de enfermedad, discapacidad, desocupación, vejez, en un episodio de su vida, una persona no pueda valerse por sí en lo relativo a la viabilización de ingresos que le permitan disfrutar de una vida digna.

Ahora bien, cuando de seguridad social hablamos, ha de entenderse que nos referimos a que el disfrute de este derecho viene interrelacionado con el disfrute de otros. De donde que se desprende que la seguridad social resguarda derechos que van directamente enlazados, entre otros, con el derecho a una salud y educación de calidad, así como del derecho al disfrute de una pensión justa.

En efecto, en lo relativo al derecho fundamental de disfrutar de una pensión justa, merece especial relevancia, todo en virtud de las trabas con que ordinariamente se suscitan cuando las personas tratan de obtener la pensión que por derecho les corresponde.

Es importante resaltar que la seguridad social por su naturaleza, en principio, es un derecho humano, pero que, en un segundo plano, tiene un matiz esencialmente patrimonial, lo cual no debe ser desconocido por el Estado al momento de garantizarlo eficazmente.

En ese tenor, al ser el derecho a la seguridad social un derecho fundamental en sí mismo, su configuración encierra derechos patrimoniales, ya que, cuando una persona contribuye con su salario al fomento del fondo de pensiones correspondiente, lo hace con la intención de que al disminuir o culminar sus capacidades laborales físicas por las múltiples circunstancias humanas que suelen suceder, y cuando no tiene la capacidad para seguir desempeñando sus asignaciones laborales, pueda recibir y disfrutar, a través de la asignación de una pensión digna, los recursos que aportó para dignificar su retiro, con lo que se procura que al final de sus días no le falte nada, ni sufra calamidades, así como los suyos.

Y es que, como bien es conocido por muchos, el patrimonio de una persona está caracterizado por el conjunto de los bienes muebles e inmueble de que disponga, significando que los derechos adquiridos, a través del trabajo, serán reconocidos y entendido como un bien, específicamente cuando por un trabajo remunerado continuo e ininterrumpido, se contribuye con el salario devengado al fondo de pensiones, sin importar el régimen a través del cual se cotice.

En ese sentido se refirió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por primera vez en el caso Cinco Pensionistas Vs. Perú[1], donde planteo los cimientos en relación al matiz patrimonial del derecho a la seguridad social a través de una pensión, estableciendo que el derecho a la pensión es un derecho adquirido, el cual no puede ser desconocido por el Estado, independiente de su legislación interna, la cual claramente no puede ir en dirección de restringir derechos; todo lo contrario, deben procurar que los derechos a aplicar siempre se vean desde la interpretación de favorecer más a la persona.

Siendo dicho criterio la apertura a un desarrollo jurisprudencial importe en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), en relación a la protección del derecho a la seguridad social y su alcance, lo que resulta ser totalmente vinculante en el acontecer jurídico-administrativo dominicano, en virtud del control de convencionalidad y lo que plantea la Constitución dominicana en su artículo 74, el cual establece que los derechos no podrán ser limitados según su interpretación, y que siempre deberán ser tomados en razón del que más favorezca a la persona, abriendo la Constitución misma, la oportunidad a que cuando se trate de derechos humanos, el juzgador y la administración pública podrán recurrir a los tratados internacionales y a las interpretaciones que de los mismos se hayan hecho.

Es en ese mismo orden, que aproximadamente 16 años después, la Corte IDH en su última sentencia Muelle Flores Vs. Perú[2], por primera vez reconoce la justiciabilidad directa del derecho a la seguridad social, donde estableció, entre muchas otras cosas, que la seguridad social “buscar proteger al individuo de situaciones que se presentarán cuando éste llegue a una edad determinada en la cual se vea imposibilitado física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia necesarios para vivir un nivel de vida adecuado, lo que a su vez podría privarlo de su capacidad de ejercer plenamente el resto de sus derechos[, …][teniendo en cuenta] los elementos constitutivos[,] ya que la seguridad social deberá ser ejercida de modo tal que garantice condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso”, siendo este criterio un precedente en relación al alcance del derecho a la seguridad.

Lo que nos hace entender que, en el contexto dominicano, independientemente de las creencias que se mantienen hoy en día respecto de la competencia contenciosa de la Corte IDH en relación al derecho interno, hay cambios que han de seguir produciéndose para hacer más llevadera la vida de las personas en sociedad, que deben ir dirigidas a la adopción de medidas inmediata para garantizar los derechos de las personas, pues como bien es sabido, el último fin del Estado es la protección y promoción de los derechos humanos.

Además, cabe destacar que la adopción de esas medidas, según el control de convencionalidad, está a cargo no sólo del poder judicial, sino que también la administración pública podrá ejecutar decisiones tendentes a resolver los procesos, sin tener que acudir a nuestros tribunales, los cuales están cargados de trabajo, y que por un asunto de economía proceso y tutela efectiva de derechos, resulta ser más viable para la persona. Sin olvidar con ello que, en muchos casos, las personas no acceden a la justicia por falta de recursos o porque tienen fe en que su derecho será restituido.

En definitiva, hoy por hoy existe una gran preocupación respecto a la perspectiva desde la cual se analiza el alcance a la seguridad social en la República Dominica, por lo que estamos llamamos a estar más pendiente de ello y entender que independientemente de la posición social o personal en la que nos encontremos es un derecho que concierne a todos. Me pregunto, adicionalmente, ¿cuándo no ha sido reconocido el derecho a la pensión de cientos de personas, en ambos regímenes, donde han ido a parar todos esos fondos de aportaciones individuales?…

[1] Cfr. Corte IDH. Caso “Cinco Pensionistas” Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No. 98.

[2] Cfr. Corte IDH. Caso Muelle Flores Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de marzo de 2019. Serie C No. 375.

Referencia biográfica de la autora

Nathaly Ramírez Díaz,

Abogada. Especialista en Derecho Constitucional, y Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la American University. Socia-fundadora de la firma Ramírez, Robles & Asociados. Docente universitaria de Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público en la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC).

Twitter: @nathyramirezd

Email: [email protected]

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