Columnas

La SIP y la ley mordaza

Por: Namphi Rodríguez

En su último informe ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la delegación de la República Dominicana manifestó la preocupación que invade a la sociedad por los nubarrones que “incuba” la Ley de Partidos Políticos sobre la libertad de expresión.

El informe pone de relieve la acción directa de inconstitucionalidad incoada por la Fundación Prensa y Derecho contra las disposiciones de “ley mordaza” que sancionan con penas de hasta dos años de prisión a las personas que difundan por las redes sociales “mensajes negativos” sobre candidatos a cargos electivos, lo cual constituye una grave censura a la difusión de ideas e informaciones a través los nuevos medios.
La Ley No. 33-18, de Partidos Políticos, tiene por objeto regular el ejercicio del derecho de los ciudadanos a organizar partidos, agrupaciones y movimientos políticos o formar parte de ellos en un ámbito de libertad.

Sin embargo, ese cometido se ve frustrado por la letra del artículo 44.6 que penaliza la difusión de “mensajes negativos” y otras disposiciones que devienen en una seria amenaza para las propias formaciones políticas.

En una sociedad democrática, la ciudadanía tiene derecho a difundir y recibir información relacionada con el accionar de los candidatos, sea ésta negativa o positiva, pues la libre expresión garantiza la transparencia.

La penalización de la difusión de información sobre un precandidato no puede depender del hecho de que la misma sea “negativa” o “empañe” a la imagen de éste, ya que tal circunstancia no guarda relación con la veracidad o falsedad de la información.

Existen infinidades de supuestos en los cuales una información puede resultar “negativa” para un político, pero necesaria para la transparencia y para el debate público.

Al disponer que la difusión de mensajes negativos a través de las redes sociales constituye un delito, los legisladores desconocen que el derecho a la información no responde a un interés de naturaleza individual, sino que tiende a un interés colectivo de la ciudadanía para controlar el ejercicio del poder.

Pero, del mismo modo, un análisis meticuloso de la norma demuestra que no describe la infracción penal de manera clara y precisa, de suerte que los jueces puedan hacer la adecuación de la conducta punible a cada caso en concreto recurriendo a criterios valorativos que le permitan dotar de contenido el concepto de “mensaje negativo”, término genérico e inexacto por carecer de una definición inequívoca que garantice que será aplicado de manera idéntica en todos los casos.

Estamos ante un tipo penal indeterminado que deviene en “ley mordaza” y, por tanto, en inconstitucional por violar la libertad de expresión y el principio de legalidad, expresado en el aforismo “nullum crimen nullapoena sine legecerta”.

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