Los dos ministerios públicos que ‘combaten’ el crimen en el país

Debe ser un caso único en el mundo. Pero es tan real que avergüenza.

República Dominicana hay un ministerio público activo, entusiasta, dispuesto y que no pierde oportunidad para perseguir a los corruptos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Tan pronto tienen luz verde, arman un expediente “blindado” de miles de folios, le ponen un mote –igualito que hacía la Policía años atrás cuando buscaba a un infeliz para matarlo– lo filtran a los medios de comunicación, crean una avalancha ‘informativa’ contra los perseguidos y presionan abiertamente a los jueces de atención permanente para que impongan 18 meses de prisión preventiva, que no es otra cosa que una condena anticipada de forma administrativa.

En los casos más sonoros –Gonzalo Castillo (excandidato presidencial en 2020), Donald Guerrero y José Ramón Peralta– aunque se pasaron años acudiendo a cada citación para interrogatorio, despliegan una parafernalia de allanamientos, colocación de esposas, un casquito y un chaleco ‘antibalas’ para estigmatizarlos y dar la certificación de corruptos, antes de que un juez vea las acusaciones.

Miriam Germán, Wilson Camacho y Yeni Berenice Reinoso, líderes del ministerio público «independiente».

Después viene el proceso de validar la prisión con la firma de un juez, los discursos altisonantes de los fiscales, la creación de un bajadero para poner a delincuentes a salir como personas honorables (con todo lo que se robaron) a cambio de que delaten y acusen a sus corruptos favoritos para encarcelar.

Esa puerta se abre preferentemente para ladrones de todos los gobiernos que aquí sobran, pero sobre todo para familiares o alicates de líderes del gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que no irán a prisión o se les permite irse a Europa, por su “delación premiada”.

Lo que sigue es un verbo fiscal incendiario oponiéndose a que los jueces varíen la prisión a los opositores perseguidos y a mandar para su casa a los colaboradores que se prestan a declarar contra sus socios en la corrupción.

Mientras los opositores pasan hasta años en la cárcel en forma preventiva, los fiscales preparan solicitudes de extensión de plazos para completar los mismos expedientes que inicialmente presentaron como ‘blindados’ y cargados de ‘pruebas’.

No tengo que decir que Luis Abinader nombró un ministerio público independiente al que nunca ha llamado para que persiga a sus enemigos políticos, pero el 8 de octubre de 2020, al cumplir dos meses en el gobierno, hizo una alocución al país señalando al Comité Político del PLD como una asociación de malhechores y a la entonces Cámara de Cuentas, como la cómplice de sus fechorías.

Los fiscales independientes no se hicieron esperar y comenzaron a allanar de madrugada, encarcelar y vejar a exfuncionarios del PLD, cumpliendo, sin que se lo pidiera Abinader, con su directiva al identificar la asociación de malhechores.

También hicieron los fiscales lo inaudible: se forraron de policías y soldados y allanaron las oficinas principales de la Cámara de Cuentas, un poder constitucional que se vio agredido militarmente por una dependencia del Poder Ejecutivo, del mismo Abinader que la denunció como cómplice de los corruptos peledeístas.

Otro ministerio público

Aunque son los mismos magistrados: Miriam Germán, Yeni Berenice Reinoso y Wilson Camacho, por desgracia, esos fiscales nunca han interrogado, allanado, capturado y acusado a un funcionario de este gobierno. La lista de cancelados por Abinader tras denuncias de serias irregularidades en el ejercicio de sus funciones públicas, es larga, pero ni Germán, Reinoso ni Camacho se han equivocado de ruta para perseguirlos y validar el principio universal de que la ley es igual para todos.

Botaron al ministro de Salud, Plutarco Arias; la ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, “renunció” en medio de un escándalo de tráfico de influencias; la ministra de la misma cartera que la sustituyó, Alba Jiménez, fue destituida seis meses después salpicada por denuncias de corrupción.

Ninguno fue investigado, ni encarcelado y mucho menos acusado por las mismas prácticas que se les atribuyen a Alexis y Magaly Medina, hermanos del expresidente Danilo Medina.

No quiero seguir citando casos, como el de Inabie, Acuario Nacional y otros, porque no tiene sentido llover sobre mojado.

Es una persecución muy selectiva de la corrupción que afecta a los opositores y no toca a los funcionarios del gobierno del PRM, a pesar de que Abinader, al botarlos, da crédito a las denuncias.

Encubrimiento vulgar

Donde el ministerio público ‘bota la bola’, es en el encubrimiento de las acciones de sus propios fiscales y policías que cometen crímenes de todo tipo y nada pasa.

La lista es larga, pero el país recuerda con estupor el comportamiento de un grupo de fiscales y empleados de la misma Procuraduría que se encargaba de borrar fichas a delincuentes redomados.

La Procuraduría arrestó a sus simples empleados, presentó solicitud de medidas de coerción, le puso mote al expediente, pero el país no sabe quiénes eran los fiscales que integraban la banda criminal que actuaba “en nombre de la República”.

Ahí se olvidó el ministerio público independiente de que su trabajo no es encubrir a los suyos, mientras encarcela a los enemigos y a los ladrones callejeros de poca monta.

Muertos de la DNCD

Hace tres semanas una patrulla de la Policía detuvo y luego asesinó a tres miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en servicio activo y al día de hoy el ministerio público no ha dicho qué paso, quiénes son los asesinos, como si esas personas no tuvieran derechos, incluido el de la vida.

Eso mismo había pasado en Rancho Arriba, San José de Ocoa, donde cuatro jóvenes fueron asesinados en horas de la mañana del día 29 de julio de 2023, a pocos metros del cuartel de la Policía, trasladaron la dotación y al día de hoy nada se sabe de aquel crimen múltiple.

El 13 de diciembre de 2022 fue asesinado en su residencia del sector Los Rieles, Gurabo, Santiago, Daniel Antonio Rodríguez Céspedes, cuando un contingente policial, acompañado del fiscal Juan Elías Pérez, acudieron a allanar su residencia.

Lo mataron a tiros, se llevaron todas las cámaras de la casa, dinero y otras pertenencias, más de un año después –en un país donde no hay pena de muerte- nada se ha hecho para castigar ese crimen vulgar y las flamantes Miriam Germán y Yeni Berenice, cierran la boca ante sus familiares y el pueblo de Santiago.

Igual pasó con José Gregorio Custodio, en abril de 2022, que fue asesinado a golpes por policías en Ocoa. El fiscal de allí se hizo el desentendido, el Inacif dijo que murió de un infarto y la Procuraduría dejó todo así y los policías ni siquiera fueron arrestados.

El balance de la lucha contra la corrupción y la impunidad está claro: ni una sola condena y un manto de encubrimiento de criminales que le caerían a los pies al gobierno y especialmente a la Procuraduría General de la República.

Por eso una de las ‘miembras’ del Consejo Nacional de la Magistratura pudo hablar tan duro y amenazar con renunciar de inmediato si no se escogía al candidat@ propuesto por ella para juez del Tribunal Constitucional. El gobierno se dobló y no hubo más remedio que complacerla.

Fuente: Listin Diario