Columnas

Los estados de excepción

Por: Namphi Rodríguez

El constituyente organiza a partir del artículo 262 los denominados “Estados de Excepción”, que implican la consagración de un derecho de excepción dirigido a la eventual exculpación de los poderes públicos por la medidas que puedan adoptar para defender el orden constitucional en situaciones críticas.

El constitucionalista Luis Gilberto Ortegón recuerda que el régimen de excepción o “dictadura constitucional”, surgió en 1791, poco después de la revolución francesa para impedir acciones contrarrevolucionarias, conocido como el “régimen del terror”, cuando se expidió la ley que fijó la competencia para el “estado de paz” y el “estado de guerra”, que sirvió para conjurar la crisis de orden interno en Francia en el enfrentamiento entre jacobinos y girondinos.

Pero luego Napoleón Bonaparte la desnaturalizó cuando la aplicó para perseguir a ciudadanos que protagonizaban pequeñas revueltas sediciosas en 1811.

En los países socialistas, los estados de excepción encontraron expresión en la doctrina de la “dictadura del proletariado”, que era un tipo de régimen que pretendía el control de la sociedad en manos del Estado.

Contrario a ese fenómeno, el legislador-constituyente dominicano optó por disciplinar la declaratoria de estos estados y estableció que los mismos no eximen del cumplimiento de la ley y de sus responsabilidades a las autoridades que deben solicitarlos al Congreso Nacional.

Más aún, se estableció que su declaración y los actos adoptados durante los mimos estarán sometidos al control constitucional.

Nuestra Constitución prevé como “Estados de Excepción” el Estado de Defensa, el Estado de Conmoción Interior y el Estado de Emergencia.

El Estado de Defensa, según el artículo 263, se declara “en caso de que la soberanía nacional o la integridad territorial se vean en peligro grave e inminente por agresiones armadas externas, el Poder Ejecutivo, sin perjuicio de las facultades inherentes a su cargo, podrá solicitar al Congreso Nacional la declaratoria del Estado de Defensa”.

Este estado no suspende la mayor parte de los derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida, los derechos de ciudadanía y las garantías jurisdiccionales.

El Estado de conmoción interior podrá declararse en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana, y que no puede ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades.

El estado de emergencia podrá declararse cuando ocurran hechos distintos a los previstos para los estados de Defensa y de Conmoción interior que puedan amenazar o perturbar el orden económico, social y medioambiental del país.

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