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Madrid cumplirá normas antivirus pero recurrirá en juzgados

Los casos confirmados de COVID-19 han subido consistentemente en España

Madrid y sus suburbios se preparaban este jueves para entrar a un encierro moderado que restringe los viajes a y desde la capital española, luego de semanas de una disputa que expertos dicen ha impedido una respuesta efectiva al coronavirus en el más reciente foco de infección en Europa.

La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso dijo que implementará unas nuevas regulaciones nacionales de salud que imponen restricciones al movimiento, los negocios y la actividad social en ciudades grandes españolas con altas tasas de infección, pero que al tiempo Madrid presentará un desafío legal a la orden del gobierno nacional de imponer las medidas.

La orden del Ministerio de Sanidad da a las 19 regiones del país dos días para implementar las limitaciones en las reuniones sociales y en el horario de apertura de los comercios, además de restringir los viajes dentro y fuera de las grandes ciudades que, en las dos últimas semanas, hayan tenido una tasa de 500 infecciones por cada 100.000 habitantes o más.

En todo el país, solo Madrid y nueve ciudades de su área urbana cumplían esos criterios el jueves, con una tasa de infección regional para dos semanas de 735 casos por 100.000 personas, la más alta de Europa. La publicación de los estándares del Ministerio de Salud el jueves en la gaceta oficial significa que el gobierno regional tiene que emitir para el viernes sus propias órdenes detallando medidas específicas y su fecha efectiva.

El gobierno regional de centroderecha se ha resistido a las restricciones en la ciudad de 3,3 millones de habitantes y sus suburbios debido a preocupaciones sobre su efecto en la economía.

Hablando en la asamblea regional, Díaz Ayuso acusó al gobierno central de izquierda de enfocarse en Madrid con una orden “arbitraria” por razones políticas y de ignorar sus esfuerzos para contener la segunda ola del virus.

Díaz Ayuso dijo que su gobierno “no está en rebeldía”, pero que acude a las cortes “para defender los intereses legítimos de los madrileños para que las medidas se ajusten a la normativa, a la realidad, para que sean objetivas y justas”.

Señaló que su objetivo era evitar “volver a las colas del hambre y del paro” de las que culpó al gobierno nacional del socialista Pedro Sánchez.

La vicepresidenta del gobierno español Carmen Calvo respondió que “el gobierno no tiene más que un adversario: la pandemia”. El gobierno regional, dijo Calvo, “está en su perfecto derecho a recurrirlo, pero están en la obligación de ejecutarlo”.

Los casos confirmados de COVID-19 han subido consistentemente a nivel nacional desde que concluyó en junio el estado de emergencia declarado por la pandemia. Sánchez les entregó el control de los sistemas de salud a los gobiernos regionales, pero éstos respondieron a los brotes del verano con diferentes estrategias y resultados.

Mientras el rastreo de contactos ha sido básicamente invisible en la región de Madrid, las autoridades allí dicen que se han gastado 50 millones de euros (58 millones de dólares) en la construcción de un hospital de pandemia con 1.000 camas que esperan esté listo para el final del año. Funcionarios regionales han acusado al gobierno de no ayudar suficientemente para proveer pruebas amplias y otros programas para combatir brotes.

DL

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