Mayoría de diputados consultados respalda prorrogar sanciones penales a empresas
Los legisladores reaccionaron a la solicitud que hizo el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) al Congreso Nacional.

Los legisladores reaccionaron a la solicitud que hizo el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) al Congreso Nacional.
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RESUMEN
Santo Domingo.- Mientras diputados de la oposición y el oficialismo apoyan el proyecto de ley que extiende por dos años el plazo para la entrada en vigencia de las disposiciones del Código Penal sobre la responsabilidad penal de las empresas o personas jurídicas, aprobado por el Senado hace 12 días, el colega Carlos Sánchez rechaza la propuesta.
Los legisladores reaccionaron a la solicitud que hizo el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) al Congreso Nacional, de pedir a la Cámara Baja completar la aprobación del pliego de ley antes de este jueves 5 de noviembre, día en que en los artículos 8, 9, 10 y 11 comenzarían a ser aplicados.
Los apartados establecen que una empresa pueda ser investigada, procesada y sancionada penalmente cuando se cometan delitos en su beneficio o por cuenta de ella, mediante sus representantes, administradores o empleados, bajo las condiciones establecidas en la ley.
El vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Amado Díaz, aseguró que la Cámara está a la espera de poner en agenda el proyecto legislativo sometido por Rafael Barón Duluc (PRM-La Altagracia) “y darle salida”.
“Se le va a dar el trato que conlleva una pieza de esa naturaleza. Y aquí en la Cámara de Diputados no va a ser diferente, se hará lo mismo que se hizo en el Senado”, afirmó tras señalar que le sorprendió las declaraciones del Conep, ya que él no ver el por qué la prisa con la iniciativa.
MIPYMES TIENEN DIFICULTAD PARA IMPLEMENTACIÓN RÁPIDA
El también diputado perremeísta Eugenio Cedeño favorece que se extienda el plazo de entrada en vigencia de la responsabilidad penal a las personas jurídicas, en especial porque las micro, medianas y pequeñas empresas (mipymes) tienen dificultad para la implementación de las disposiciones del Código, puesto que esto tiene un costo para ellas, tanto logístico como económico y operativo, para la implementación de programas de cumplimiento legal.
“A la verdad que hace falta, en cierta medida pudiera ser atendible el pedido de que se extienda la entrada en vigencia de esas disposiciones, partiendo de que la elaboración de estos planes de cumplimiento tienen aspectos que lo complican. Y no estoy hablando de las empresas grandes. Las empresas grandes puede que tengan ya todas las facilidades y que tengan sus planes ya, incluso, muchos en funcionamiento antes de aprobarse el Código Penal”, señaló.
Cedeño ve conveniente crear una mesa de trabajo entre el Ministerio de Trabajo, la Defensa Civil, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y la Procuraduría General de la República (PGR), junto con representantes del empresariado, para diseñar modelos de cumplimiento que puedan ser adoptados de manera efectiva y con menores dificultades.
En referencia al caso Jet Set, el diputado por La Romana resaltó que hoy el país discute el tema de los programas de cumplimiento para evitar sanciones penales en medio de un juicio a una empresa en la cual murieron más de 200 ciudadanos dominicanos, y que se debate si tienen responsabilidad penal o no.
“De manera que esto tiene que entrar en vigencia al menor tiempo posible. Si hay que aprobar la ley y dar un tiempo mayor, estoy de acuerdo, pero que se haga sobre bases sólidas y sobre programas de cumplimiento de la ley y de acatamiento a la ley, y que no busquemos de forma constante de evadir la entrada en vigencia de una ley tan trascendente como esta”, expresó.
“TRES MESES ES UN PERÍODO MUY CORTO”
Similar a Cedeño, el diputado de Fuerza del Pueblo (FP) Alcibíades Tavares está de acuerdo con el Conep, en particular por las pequeñas y medianas empresas. Para el legislador, tres meses es un período muy corto para las Mipymes cumplir con las disposiciones del Código Penal, en cambio en dos años estas sí se pueden ajustar a todas las exigencias que consigna la norma.
“Yo creo que dos años es prudente y estamos totalmente de acuerdo (…), son empresas, y nosotros debemos contribuir, ayudar a que haya un ambiente, un clima de operatividad de las empresas, porque el Producto Interno Bruto de nuestro país, el 85% es el sector privado, son las empresas que lo producen. Entonces, hay que crear un clima de facilidad para que esas empresas prosperen y se puedan adaptar a los nuevos códigos”, afirmó.
EXCEPCIÓN: “EL CÓDIGO SE VA A PARAR POR UNA SIMPLE PROPUESTA”
Al diferir de sus colegas, Carlos Sánchez, presidente de la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, consideró que si se sancionan nuevos delitos en otras áreas, las empresas no deben quedar exentas, por lo que cree que la ley debe ser aplicada para todos. “Es bueno que todo el mundo se ajuste a lo que dice la ley”, subrayó.
Sobre el proyecto de ley sometido por el senador Duluc, comentó que es “una simple propuesta”, ya que, según entiende, el camino que lleva el Código Penal es para que los artículos 8, 9, 10 y 11 entren en vigencia este jueves.
“Es una simple propuesta, que hay que estudiarla, analizarla y se lleva tiempo, y no es verdad que el Código se va a parar por una simple propuesta”, dijo.
De acuerdo al diputado, en el nuevo Código Penal había “una situación” con las empresas y los médicos, que no aceptaban algunos artículos de la pieza.
“Ya se aceptó, va a entrar en vigencia, y que lo lean bien, para que sepan a qué se están enfrentando los empresarios (…). Acabo de decir que el Código entró en vigencia en agosto y ya estamos en noviembre. Se le dio tiempo más que suficiente. Y ellos no pueden estar a expensas de la ley”, indicó.
Sánchez está convencido de que, si bien es cierto, que hay funcionarios, iglesias y “ciudadanos normales” que cometen delitos, también las empresas lo hacen, por lo que el régimen de consecuencias debe ser para todos, tal como lo estipula el nuevo Código Penal.
A LEY DE TRES DÍAS PARA DECIDIR
El Congreso Nacional tiene hasta este miércoles 4 de noviembre para darle salida al proyecto de ley, el cual fue sancionado de urgencia por el Senado y que llegó a la Cámara de Diputados el pasado sábado.
La propuesta legislativa modifica el artículo 31 del nuevo Código Penal para prorrogar hasta el 5 de noviembre de 2028 la entrada en vigencia a las empresas. La pieza fue sometida al Congreso por el senador Rafael Barón Duluc (PRM-La Altagracia), refrendada en dos sesiones consecutivas por la Cámara Alta el pasado 21 octubre y, al día siguiente, enviada a Auditoría Legislativa, según consta en el Sistema de Información Legislativa (SIL) senatorial.
En sendas comunicaciones enviadas a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, respectivamente, el Conep pidió al órgano bicameral aprobar pieza antes del jueves.
La Cámara de Diputados convocó una sesión para mañana martes, en San Cristóbal, cuando podría conocer el proyecto aprobado por el Senado.
Si los diputados sancionan la pieza sin modificaciones y completan las dos discusiones requeridas, el texto sería ley y pasaría al Poder Ejecutivo para su promulgación o eventual observación. Sin embargo, si la Cámara Baja introduce cambios, la iniciativa deberá regresar al Senado para que los legisladores conozcan las modificaciones.
En ese escenario, la sesión convocada por el Senado para el miércoles 4 de noviembre podría resultar determinante para completar el trámite legislativo antes de la fecha prevista para la entrada en vigencia de las disposiciones.








