Meloni aprueba por decreto el arresto preventivo de menores y que sean imputables desde los 14 años

Mano dura de la ultraderechista Giorgia Meloni contra los menores que cometen actos violentos en la calle. El Gobierno italiano ha aprobado este martes, después de un día de intensas negociaciones, un decreto con polémicas medidas de seguridad especialmente pensadas para menores, tras los incidentes y saqueos del fin de semana en Milán, donde el 80% de los 271 detenidos no llegaban a la mayoría de edad.

Algunas de ellas ya habían sido anunciadas en julio, en medio de fuertes críticas de la oposición, e insertadas en un proyecto de ley que aún se está tramitando en el Parlamento, pero ahora se aplicarán de inmediato: el arresto preventivo o retención en comisaría de 12 a 24 horas —que no es exactamente una detención, que implica la comisión de un delito— de menores antes de movilizaciones públicas, si se sospecha que pueden delinquir, y la rebaja de la imputabilidad penal de 18 a 14 años. También se prevé hacer pagar a los padres los daños materiales causados por sus hijos y se crea el delito de “participación violenta en una manifestación”, penado con hasta cinco años de cárcel.

La edad penal ya es de 14 años en Italia, pero hasta ahora solo se imputaba a un menor si quedaba demostrado que era plenamente consciente de sus actos. El juez valoraba caso por caso. Ahora será al revés y se les equipara a los adultos de forma automática: se invierte la carga de la prueba y será la defensa del menor quien tendrá que probar que sabía lo que hacía.

En cuanto al arresto preventivo, que ahora se extiende también a menores, se practicará cuando una persona interceptada por la policía lleve objetos peligrosos que pueden ser usados como armas. Pero es que además ahora se amplía la aplicación, más allá de las manifestaciones públicas, a quienes cometan actos que perturben el orden público en lugares caracterizados, en general, por una afluencia significativa de personas.

No obstante, el presidente de la República, Sergio Mattarella, ha parado los pies a Meloni en su propuesta estrella, anunciada el día anterior, de enviar 500 soldados a Milán. El jefe de Estado, según los principales medios italianos, ha pulido su aspecto más polémico: pretendía dar a los militares poderes de policía judicial para practicar arrestos. El Ministerio de Interior ha negado un veto del palacio del Quirinal, y simplemente ha hablado de una “interlocución fluida”.

La medida era más cosmética y disuasoria que otra cosa, en plena carrera electoral y tras la alarma suscitada por los disturbios en Milán. En realidad, ya hay militares desplegados en la ciudad, como en otras ciudades italianas en puntos determinados, pero esta vez el ministro de Defensa, Guido Crosetto, había reclamado más competencias tras el anuncio del envío de soldados, pues en realidad se tienen que limitar, como máximo, a identificar a ciudadanos. Pero Mattarella, que debe velar por la pulcritud legal de las decisiones del Gobierno, lo ha rechazado. Son la policía y los Carabinieri quienes tienen la potestad de garantizar el orden interno en el país. Incluso los sindicatos policiales habían protestado, además de señalar un problema básico de adiestramiento para las detenciones. La alternativa viable será formar patrullas mixtas de soldados y fuerzas del orden.

Meloni ha anunciado las medidas del nuevo decreto tras argumentar que “protestar es un derecho, incendiar nuestras ciudades no lo es”. Lo ha hecho mientras daba y subrayaba un dato hasta ahora desconocido: ha habido en total 330 detenidos en Milán y otras ciudades, “la mitad de origen extranjero, nacidos en el extranjero o nacidos en Italia de familias extranjeras”.

La primera ministra ha explicado la nuevas normas en un vídeo difundido en redes sociales: “Hoy se introduce un nuevo delito: la participación violenta en una manifestación. Si durante una marcha o manifestación te unes a un grupo de cinco o más personas y lanzas piedras, petardos o palos, poniendo en peligro la seguridad de todos, te arriesgas a una pena de hasta cinco años de prisión y una multa de hasta 20.000 euros. Si llevas máscara o si lesionas a alguien, la pena se agrava, al igual que las sanciones para quienes participen en actos de vandalismo colectivo”.

Además, se crea una categoría específica de delito castigada con penas de entre 4 y 12 años de prisión para quien, también por medios informáticos o telemáticos, “promueva la formación de un grupo” que practique luego “manifestaciones violentas”. Esta medida la había adelantado el líder de La Liga, Matteo Salvini: “Tú escribes por TikTok diciendo que te estás preparando para ir a Como a asaltar la tienda de Rolex o de Sephora, y yo no te hago llegar a Como, aunque tengas 14 años”.

“Quien rompe, paga”

También se podrá aplicar a los menores el arresto flagrante en diferido (después del hecho delictivo, cuando no se le sorprende en el momento) y para los mayores de 16 años el juez puede ordenar medidas cautelares aunque interrumpan los procesos educativos en curso.

Meloni también ha destacado en su vídeo una de las medidas que desde hace tiempo exige La Liga: “Quien rompe paga, y si quien rompe es un menor, pagan sus padres”. El ministro de Interior, Matteo Piantedosi, ha explicado en rueda de prensa que se prevé la sanción a los padres de un menor, o a quien tenga la patria potestad, si participa en actos de violencia, incluso aunque no sea responsable de ellos. Se señalan multas administrativas para sus padres de 500 a 1000 euros, que se duplicarán en caso de reincidencia. Además se podrá exigir a los progenitores el pago de una indemnización por los daños causados, si son públicos, y en caso de que se trate de una propiedad privada, los prefectos podrán aplicar también un procedimiento simplificado para obtener un resarcimiento.

“No hay nada revolucionario en destruir y robar. Destruir y robar no es protestar, es delincuencia, y la respuesta del Estado debe ser firme”, ha dicho Meloni. “Quiero ser clara: no hay idea política, ni malestar social, ni oposición al gobierno que pueda justificar la destrucción de una tienda para robar su mercancía. Detrás de ese escaparate hay una familia que ha dedicado toda una vida de sacrificio, hay trabajadores que arriesgan sus empleos, hay ciudadanos que tienen derecho a vivir en su ciudad sin miedo”, ha agregado.

La primera ministra también ha anunciado que se dotará a la justicia de menores de más magistrados y se crearán más plazas en los centros de detención, “para que la certeza del castigo también se aplique a quien tiene 16 años”.

Fuente: El país