Menor que denunció maltrato a niños en San Cristóbal tenía quemaduras y múltiples lesiones

El juez de la Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal, José Carlos Arias, aplazó para el próximo jueves el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los imputados que dirigían la Fundación Restaurando Vida (Un Muerto que Revive), por presunto maltrato físico y psicológico contra 14 menores y de obligarlos a realizar trabajos forzados.

El Ministerio Público solicita tres meses de prisión preventiva contra Ángel Gabriel Capellán, “El Pastor”, e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, quienes fueron apresados mediante un operativo realizado por un equipo de fiscales junto con agentes policiales, ejecutado a partir de la fuga de uno de los menores retenidos en la entidad.

El magistrado adoptó la decisión de aplazar la audiencia a los fines de que el Ministerio Público escuche en Cámara Gesell a los 14 menores rescatados por las autoridades, tras acoger el pedimento solicitado por los fiscales como anticipo de pruebas en el proceso.

También dispuso el aplazamiento para dar tiempo a los abogados de los imputados, Ángel Gabriel Capellán, “El Pastor”, e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, para que preparen los presupuestos con los que sustentarán sus alegatos de defensa.

El órgano acusador estaba representado por los fiscales Rodolfo Reyes, Ana Mercedes Pichardo y Fanny Garabito. Este último expresó que ante el tribunal demostrarán la responsabilidad de los imputados por los hechos establecidos en su contra.

Las declaraciones fueron ofrecidas a la salida del tribunal, donde también se informó que los menores víctimas estarán representados por abogados de la Oficina de Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (RELEVIC).

Mientras el juez conocía los pedimentos de las partes del proceso, un grupo de personas, entre ellas feligreses de la iglesia donde se congrega el pastor, madres que tenían a sus hijos en la entidad, vecinos y amigos allegados, se manifestó con pancartas en las manos para expresar que consideran falsas las imputaciones presentadas contra los imputados.

Los manifestantes aseguran que el imputado Ángel Gabriel Capellán, “El Pastor”, siempre ha hecho el bien por la comunidad de San Cristóbal y que la fundación que lidera desde hace muchos años ha ayudado a jóvenes, incluyendo personas sumergidas en el consumo de drogas y otras con condiciones especiales.

En un momento, los manifestantes se reunieron tomados de las manos y comenzaron a orar para pedir a Dios que escuche sus súplicas, tras recalcar que las acusaciones son falsas.

Entre lágrimas, Julia Santos, manifestó que llora por la impotencia y relató que tenía a su hija de 35 años, en la fundación desde hacía cuatro años debido a que, tiene una condición especial, no puede manejar su comportamiento por esa situación y el pastor la ayudaba.
Indicó que todo lo que se dice en contra del pastor es mentira.

“Ya que ahí iban madres solteras a llevar tres y cuatro muchachos, mientras ellas iban a buscar trabajo porque los esposos y los padres de los muchachos no les mantienen los hijos, y el pastor los recibe y les da lo que pueden, porque el pastor pone precio”, manifestó Julia, madre de una joven de 35 años que, según su progenitora, tiene la mente de una niña.

Santos manifestó que su hija ahora está en peligro, debido a que no puede atenderla porque trabaja en Santo Domingo.

Mientras que Obispo Montero defendió la labor del imputado Ángel Gabriel Capellán, “El Pastor”, al señalar que el único mal que ha hecho “El Pastor” es salvar a niños y rescatar a menores cuyos padres han sido adictos a las drogas.

Montero cuestionó que se quiera condenar a un hombre que, según afirmó, solo ha hecho el bien al ayudar y proteger a menores en situación de vulnerabilidad

Denuncia de uno de los menores

El joven se presentó en un destacamento policial y alertó a las autoridades sobre las graves condiciones de maltrato a las que, según su denuncia, eran sometidos los niños, niñas y adolescentes alojados en el recinto.

Tras la denuncia, las autoridades iniciaron las investigaciones y solicitaron las órdenes de arresto, dictadas por un juez de instrucción de esa jurisdicción, las cuales fueron ejecutadas contra los imputados.

A la víctima que realizó la denuncia se le practicó una evaluación médico-legal, la cual concluyó que presentaba múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo, incluyendo el rostro, miembros superiores e inferiores, dorso y espalda, así como quemaduras de segundo grado en el dorso de ambas manos, en proceso de cicatrización.
Asimismo, una evaluación realizada por una psicóloga forense determinó que el menor no asistía a la escuela y era obligado a realizar labores con madera para la construcción de una vivienda.

El informe pericial estableció, además, que el menor sufría constante maltrato físico y era sometido a castigos

Fuente: El Día