Columnas

Mi nuevo libro

Por: Namphi Rodríguez

El día de hoy, en un acto auspiciado por la Fundación Corripio y la Fundación Prensa y Derecho, se podrá en circulación mi tercera obra jurídica: Protección Constitucional del Consumidor y del Usuario.
Ya anteriormente había publicado, Derecho de la Información (con tres ediciones) y Defensa de la Libertad de Expresión y de los Derechos Fundamentales.

Los derechos de los consumidores y los usuarios recibieron su acta de nacimiento en nuestro ordenamiento jurídico con la Ley 358.05, de Protección a los Derechos del Consumidor o Usuario, del 19 de septiembre de 2005. Casi un lustro después se proclamó la Constitución que los incluyó en el catálogo de los derechos fundamentales, bajo el epígrafe de los Derechos Económicos y Sociales, con lo cual se le otorgó su acta de bautismo constitucional.

Esto quiere decir que tras la Constitución de 2010, los derechos de los consumidores y los usuarios están blindados con la máxima jerarquía normativa en el “corpus jure”dominicano como derechos de tercera generación conjuntamente con otros nuevos derechos como los derechos colectivos y del medio ambiente.

El artículo 53 de la Constitución dispone que “toda persona tiene derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, a una información objetiva, veraz y oportuna sobre el contenido y las características de los productos y servicios que use o consuma, bajo las previsiones y normas establecidas por la ley. Las personas que resulten lesionadas o perjudicadas por bienes o servicios de mala calidad, tienen derecho a ser compensadas o indemnizadas conforme a la ley”.

De la fórmula dogmática del artículo 53 de la Constitución se desprende una doble dimensión: a) por un lado, el derecho de toda persona a disponer de bienes y servicios de calidad y a proteger sus intereses y, b) por otro lado, el deber del Estado de tutelarlos mediante la garantía de reserva de ley, asegurando que las personas que resulten lesionadas o perjudicadas por bienes o servicios de mala calidad sean compensadas o indemnizadas.

Pero, este deber de protección no es sólo exigible al Estado, sino también a los proveedores de bienes y servicios, que están obligados a garantizar la protección de la vida, la salud, la seguridad física y la reparación oportuna de los consumidores y usuarios.

La interpretación de estos derechos se debe hacer a la luz del artículo 74 de la Constitución, de manera que son operativos y no dependen de su reglamentación, sólo pueden regularse por ley, los poderes públicos lo interpretan y aplican de la forma que sea más favorable a los consumidores.

Nuestra obra es un aporte para la creación de una cultura de respeto a los derechos fundamentales en el país.

Comentarios para este artículo

Otros Artículos

Botón volver arriba