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Migrantes viajan hacia EEUU ante el fin del Título 42

 Los largos botes de madera repletos de migrantes con chalecos salvavidas de color anaranjado llegaban uno tras otro, navegando con motores fuera de borda por el río Turquesa. Al final del día, las autoridades habían registrado a unos 2.000 migrantes en este remoto puesto fronterizo en el borde de la selva del Darién que une a Panamá y Colombia.

Algunos tenían poca información —de familiares, redes sociales, contrabandistas— sobre los próximos cambios del gobierno de los Estados Unidos en su política fronteriza y se apresuraban a llegar a esa lejana frontera.

La noche del 11 de mayo, el gobierno de Estados Unidos pondrá fin a las restricciones relacionadas con la pandemia para las personas que solicitan asilo en la frontera, también conocidas como Título 42, bajo las cuales Estados Unidos ha realizado más de 2,8 millones de expulsiones de migrantes desde marzo de 2020.

La incertidumbre en torno a qué sucederá después del fin de las restricciones, así como la posibilidad de nuevos límites al asilo, fue suficiente para que los traficantes de migrantes crearan un falso sentido de urgencia para que las personas tomaran decisiones con información imperfecta.

Ante el temor de una avalancha de llegadas, los funcionarios federales estadounidenses han ampliado las vías legales, instaron a los posibles migrantes a registrarse antes de realizar el viaje y propusieron restringir severamente el asilo para las personas que viajen a través de México. Deportarán a quienes consideren inelegibles y se les impondrá una prohibición de cinco años para su reingreso.

Mientras los migrantes cruzaban el Darién, no había señales visibles de que los esfuerzos que Estados Unidos, Panamá y Colombia prometieron hace un mes frenarían la migración en este cuello de botella entre regiones. En todo caso, el flujo parecía haber aumentado durante un año que ya está a un ritmo sin precedentes.

María Chirino Sánchez, de 34 años, salió de Venezuela hace un mes con un grupo de 10 familiares, incluidos su esposo, cuatro hijos y su perro Toby. A pesar de su empleo en una empresa de transporte y el de su esposo como técnico dental, no podían pagar las cuentas.

A recomendación de sus familiares en Estados Unidos, vendieron su casa en 4.000 dólares y partieron al escuchar que “ya no nos van a dejar entrar después del 11 (de mayo)”, dijo. Se quedaron sin comida y tuvieron que pedir galletas saladas para alimentar a sus hijos antes de salir de la selva. Al igual que otros, dijo que si la enviaran de regreso, no volvería a intentarlo por esta ruta.

El sentimiento de Chirino era casi universal a pesar de las señales de que ese transitado trayecto desde Colombia está más establecido que nunca. Los venezolanos conforman el grupo más grande de quienes cruzan actualmente el Darién, pero los periodistas de la AP vieron también a haitianos, chinos y ecuatorianos, entre otros.

En Necoclí, Colombia, entre 1.000 y 1.200 migrantes abordan a diario botes en los que atraviesan un golfo hasta Acandí, en el lado colombiano del Darién, según las autoridades locales de derechos humanos.

Allí los esperan conductores de mototaxis para llevarlos al inicio del sendero, un camino que se está pavimentando.

Se han instalado campamentos en los primeros tramos de la ruta, donde los migrantes pueden armar sus tiendas y comprar provisiones. Quienes tienen los medios, pueden contratar a alguien que cargue sus cosas.

El viaje es agotador. Los migrantes caminan durante varios días a través de montañas en la densa selva y lidian con insectos que pican, serpientes venenosas, lluvias torrenciales y fangosos pasos de montaña. Los ríos crecidos se llevan a quienes resbalan. Los bandidos roban y agreden sexualmente a los migrantes.

De cualquier forma, casi 250.000 personas hicieron el recorrido el año pasado, y Naciones Unidas proyecta que otras 400.000 podrían intentarlo este año.

Algunos migrantes dijeron que simplemente ya no podían mantener a sus familias en sus países de origen. Huían de la inestabilidad política, el desempleo o la delincuencia.

Muchos huyeron de la crisis política y económica de Venezuela —ahora o en años anteriores—, pero otros vienen de países más lejanos.

Yu Tian viajó desde Wuhan, China, a Hong Kong y luego a Ecuador, donde abordó un autobús a Colombia. “Cientos de miles están saliendo de China”, dijo la guía de turismo convertida en migrante.

En la frontera entre Ecuador y Colombia, los grupos de traficantes de migrantes reclutan clientes diciéndoles “ahorita se podía pasar a Estados Unidos”, dijo Pedro de Velasco, miembro de la iniciativa KINO, una organización no gubernamental binacional en la frontera entre Estados Unidos y México, quien viajó a la frontera entre Ecuador y Colombia para ver por qué llegaban tantas personas.

Los contrabandistas cobran 10.000 dólares, “pero no les dicen que van a ser expulsados”, agregó.

En Panamá, cuando Oriana Serra, de 34 años, se acercaba al final de su travesía por el Darién acompañada de sus dos hijos adolescentes, varios hombres armados les bloquearon el paso y les robaron lo que les quedaba de dinero.

Así que cuando la familia llegó a la orilla del río donde los operadores de los botes esperaban para llevar a los migrantes río abajo, no tenía cómo pagar. Comenzaron la larga caminata hacia Bajo Chiquito, pero de alguna manera se separaron de su hijo de 14 años. Con la esperanza de que hubiera llegado antes que ella, lo buscó desesperadamente entre las multitudes que llegaban.

Al caer la noche, el adolescente finalmente llegó en un bote que fue enviado río arriba para buscarlo.

En Bajo Chiquito, los migrantes hacen su primer registro ante las autoridades panameñas. Bajo el ardiente sol tropical, arman tiendas de campaña en cualquier espacio abierto a lo largo de las calles de tierra o junto al río. El humo de sus fogatas no se disipa fácilmente en la intensa humedad.

Hay niños por todas partes, descansan en tiendas de campaña, tomados de la mano de sus madres, montados en los hombros de sus padres. Los migrantes hacen una pausa antes de partir de nuevo al día siguiente hacia los campamentos río abajo. Desde allí, Panamá los transporta a través del país hasta su frontera con Costa Rica, donde continuarán hacia el norte a través de Centroamérica y, finalmente, a México.

Las ciudades fronterizas mexicanas reportan un creciente número de llegadas de migrantes, muchos de los cuales no esperan a ver qué sucederá después del 11 de mayo. El lunes, Raul Ortiz, jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, dijo que durante las 72 horas previas, los agentes habían realizado unas 8.800 detenciones al día, comparadas con 5.200 en marzo.

Durante meses, el gobierno de Estados Unidos ha alentado a los migrantes a registrarse en su aplicación en línea CBP One en lugar de hacer el peligroso y costoso viaje hasta la frontera. Si los solicitantes parecen elegibles para recibir asilo y pueden conseguir un patrocinador financiero en Estados Unidos, reciben una cita en la frontera para una evaluación adicional.

De regreso en Bajo Chiquito, con seis países más por atravesar, los migrantes luchaban por digerir el calvario al que sobrevivieron. A pesar del brutal castigo físico que significó el cruce —algunos migrantes llegaron en camillas—, muchos dijeron que se llevarían recuerdos más perdurables.

Ángel Garcés, un hombre de 28 años originario de Maracaibo, Venezuela, seguía conmocionado.

“Si hubiera sabido que eso era así, yo no, yo no me vengo”, dijo Garcés. “No sólo el desgaste físico; también pues lo que uno ve y cosas duras”. Garcés comentó que desvió la mirada cuando olió un cuerpo al costado del sendero. El año pasado se recuperaron los restos de 36 migrantes en el Darién, pero se cree que el número real de muertos es mucho mayor. En marzo, la Cruz Roja donó 100 tumbas en un cementerio local para los cuerpos de quienes fallecen.

Garcés dijo que su consejo para cualquiera que esté sopesando realizar el viaje es “que no se vengan; busquen otra ruta, traten de hacerlo por la vía legal, porque el Darién no es para cualquiera”.

Los periodistas de la AP Iván Valencia en Acandí, Colombia; Eduardo Hernández, en Bogotá; y María Verza, en Ciudad de México, contribuyeron a este despacho.

Fuente: AP

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