Miriam Germán designa comisión para investigar si fiscales son maltratados y explotados laboralmente

La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, dijo este viernes que le ha generado preocupación las denuncias sobre maltrato y explotación laboral del personal del Ministerio Público vertidas en medios digitales y escritos, así como a través de las redes sociales.

En un comunicado, la magistrada Germán se refirió a denuncias que hacen referencia a dimisiones considerables de fiscalizadores en los últimos 15 meses, renuncias que, según lo alegado, se han producido por explotación laboral en el ejercicio de sus funciones.

Ante las denuncias de irregularidades en las condiciones de trabajo de una parte de los integrantes de la institución, la jefa del Ministerio Público designó una comisión independiente, denominada Grupo de Trabajo, para que realice un diagnóstico institucional y rinda un informe exhaustivo que permita tomar las medidas oportunas, asegurando que habrán consecuencias.

“Si algo ha caracterizado mi gestión y accionar profesional al frente del órgano de procuración de justicia penal es la defensa de la igualdad y la no discriminación, no porque sea lo políticamente correcto, sino porque es en lo que firmemente creo. Bajo ninguna circunstancia aceptaré violaciones de derechos en perjuicio del cuerpo que dirijo, ni aprobaré nada que así disponga (que no es el caso)”, dijo la magistrada en su misiva.

También indicó que el Ministerio Público arrastra el lastre de decisiones “nefastas” de pasadas gestiones que han generado distorsiones inaceptables, como el que, por falta supuesta de personal, personas que no son fiscales realicen el trabajo que solo está llamado a ejercer por ley un fiscal.

“También reconozco que, igual que en cualquier otro espacio de trabajo, pueden darse situaciones graves de maltrato que pasen desapercibidas para las altas instancias”.

Germán sostuvo que una de las principales metas que ha asumido al frente de esa institución es la mejora progresiva, con criterios institucionales estandarizados, de los beneficios que corresponden a los integrantes del Ministerio Público.

“Por ello, procuramos a través de los mecanismos institucionales de previsión presupuestaria los recursos necesarios para realizar un reajuste salarial que se aplicó el año pasado; el pago de los bonos anual y vacaciones que la normativa interna preveía desde el 2014, pero que nunca se había cumplido. Este año estamos trabajando en la mejora de los planes de salud y seguro de vida. Todo esto representa un monto de casi 700 millones de pesos anuales”.

Fuente: N Digital