MP solicita 18 meses de prisión preventiva contra implicados Operación Halcón IV

El Ministerio Público presentó solicitud de prisión preventiva de 18 meses y declarar el proceso como complejo contra tres hombres involucrados en una red de crimen organizado desmantelada por la Operación Halcón IV.

De acuerdo a la acusación de la Fiscalía de Santiago, los acusados, Daniel Alfredo Paulino Cáceres, Fernando Divaris Cruz Valerio y Charle Wilson Mosquea Ovalles, están vinculados a una organización criminal que operaba en varias provincias del norte del país y tenía conexiones tanto a nivel nacional como internacional.

En los allanamientos de la Operación Halcón IV, a Paulino Cáceres se le ocupó, en su residencia, la cantidad de 14 paquetes de cocaína con un peso de 16.1 kilos, los $994,000 pesos y $2,727 dólares en efectivo.

En la instancia de solicitud de medidas la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Fiscalía de Santiago presentaron cargos contra Paulino Cáceres por violación a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, por porte ilegal de arma de fuego y municiones; así también le atribuye la violación a varios artículos de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos; también  por transgresión a los artículos 59, 60, 258, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, los cuales tipifican la complicidad y asociación de malhechores y por violentar las disposiciones de los artículos 4, letra D; 6, letra A; 75, de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.

Las autoridades dieron a conocer que Cruz Valerio también enfrenta cargos por porte ilegal de armas de fuego y municiones, así como por violación de leyes sobre lavado de activos y complicidad en delitos asociados. Las investigaciones revelaron una estrecha relación entre Cruz Valerio y el presunto patrocinador de la organización criminal, Joel Ambioris Pimentel García, quien se dedica a la venta y distribución de drogas.

En cuanto a Charle Wilson Mosquea Ovalles, se le acusa de porte ilegal de armas de fuego, armas blancas y municiones, según los artículos de la ley correspondientes.

Estos casos han sido considerados de alta complejidad debido a la naturaleza y extensión de la red delictiva desmantelada. El Ministerio Público busca asegurar la prisión preventiva de los acusados durante el proceso judicial.