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Namphi Rodríguez: Consumo seguro

El día de ayer, acudí a un taller de Proconsumidor y la Red de Consumo Seguro de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a hablar sobre la facultad de Proconsumidor como ente de supervisión del mercado.Hice un aparte sobre las competencias del órgano, las cuales están dictadas por las Leyes de Defensa del Consumidor y la 166-12, sobre el Sistema Dominicano para la Calidad (Sidocal), que instituyen a Proconsumidor como Autoridad Nacional de Regulación e Inspección del Sistema Nacional de Consumo y Metrología.

En tal sentido, Proconsumidor reúne atribuciones reguladoras y de inspección para verificar la calidad de los bienes y servicios que se ofertan en el mercado, constatar la inocuidad y seguridad alimentaria, garantizar el cumplimiento de las normas y reglamentos técnicos en materia de seguridad de las instalaciones, sistemas y procesos y asegurar la existencia de las certificaciones o marcas de conformidad emitidas por el Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal), entre otras.

La actividad propia de inspección o vigilancia podrá incluir el examen visual de los elementos físicos; la comprobación de la existencia de las constancias vigentes del ensayo o de la verificación metrológica realizada; exámenes de documentos de especificaciones, comprobación de los resultados presentados por el Indocal con los requisitos de los documentos de especificación o buenas prácticas, generalmente aceptadas en el ámbito que se trate y elaboración de un informe sobre los resultados de la inspección.

Además, la Ley 166-12, del Sidocal, crea la obligación de Proconsumidor de comprobar que los instrumentos de medición se están usando correctamente y que, por lo tanto, disponen de un sello, marca de conformidad, certificación o aprobación del Instituto Dominicano para la Calidad y de cualquier otro tipo de documento que avale el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas metrológicas.

Se trata de una manifestación del denominado poder de ordenación o el poder policial de la Administración frente a los administrados que busca asegurar las garantías de los intereses individuales y colectivos constitucionalmente protegidos, la ordenación de los riesgos del mercado para la salud, la seguridad y la vida de las personas y la garantía del orden público.

En ese tenor, la Ley de Proconsumidor dispone que la Dirección Ejecutiva desarrollará los servicios de inspección y vigilancia de las entidades públicas y privadas para la aplicación y cumplimiento de la Ley y que para ello podrá requerir informaciones y datos relevantes para los casos de conflictos, a la vez que podrá hacer visitas de inspección y supervisión.

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