Opinión

Namphi Rodríguez: Flaqueza del consumidor

La flaqueza del consumidor en la sociedad de consumo ha sido ampliamente estudiada e incluso se han clasificado las distintas manifestaciones de subordinación a que está expuesto éste en sus relaciones con los proveedores.

Así, la doctrina ha hecho una exhaustiva ponderación del fenómeno y ha encontrado por lo menos tres manifestaciones que son frecuentes en la sociedad de consumo y ponen en evidencia la asimetría de la relación que se da entre consumidor y proveedor.

A juicio de la doctrina especializada, existe una debilidad material, determinada por la comparación entre el patrimonio del proveedor y el del consumidor. Desde esta perspectiva, el empresario tiene medios económicos que le permiten tener una asesoría adecuada a la hora de tomar sus decisiones, mientras el consumidor no cuenta con esos recursos y sus decisiones suelen ser intuitivas o tomadas sobre la base de sus necesidades.

Asimismo, se ha comprobado una debilidad psicológica matizada por el bombardeo de información y publicidad superficial que tiene poco que ver con el principio de información cierta, objetiva, veraz y oportuna a que hace alusión la ley.

Hay, del mismo modo, una debilidad cognoscente derivada del monopolio que ejerce del proveedor del conocimiento del bien o servicios que se presta. Así el desequilibrio cognoscente se exterioriza en un doble aspecto: a) desconocimiento técnico, pues es el fabricante o distribuidor el que conoce las características reales del producto y, b) desconocimiento cívico, que se manifiesta en una actitud de poco ejercicio de los derechos del consumidor debido a los pocos recursos que el Estado destina a su promoción y a la educación de los ciudadanos.

En el caso de los contratos concluidos mediante condiciones generales, una de las partes no llega a autodeterminarse libremente con toda la plenitud que el ordenamiento presupone, o sea, que se puede afirmar que desaparece típicamente la posibilidad de libre autodeterminación plena para la parte adherente y en su lugar se produce una heterodeterminación unilateral a cargo de la parte predisponente.

De ahí la necesidad de que el Estado ejerce un intervencionismo necesario para equilibrar las posiciones de las partes en el contrato por adhesión; equilibrio que se da a través del llamado control de inclusión de cláusulas, que no es más que el control que ejerce la ley sobre las obligaciones contractuales derivadas de las Condiciones Generales de Contratación (CGC) predispuestas por una de las partes.

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