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“Non bis ídem”

Por: Namphi Rodríguez

La garantía constitucional del “non bis in idem” es receptada por nuestra Ley 107-13, de Derechos de los Ciudadanos frente a la Administración y de Procedimiento Administrativo, en su artículo 40 al disponer que no podrán ser objeto de sanción los hechos que hayan merecido sanción penal o administrativa en aquellos casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento.

En la dicción de nuestra ley el “non bis in ídem” se requiere una trilogía analógica: i) los hechos que constituyen la infracción objeto de la sanción deben ser los mismos; ii) identidad del sujeto que viola la norma y, III) la causa o el fundamento jurídico de la sanción o el bien jurídicamente protegido por la norma.

Ricardo Rivero Ortega sostiene que son muchos los comportamientos que proscriben simultáneamente el Código Penal y las leyes administrativas, algunas de las cuales requieren, por su propia naturaleza, medidas dobles de respuesta. Para la protección del medio ambiente, o sumando garantías penales a las exigencias de buena administración previstas en la misma Ley.

Sin embargo, para el profesor David Blanquer esto implica un cierto grado de complejidad técnica para discernir en qué caso se imponen varias sanciones por unos mismos hechos, cuando cada una de las sanciones protege un bien jurídico diferenciado.

Blanquer advierte que, en relación a la identidad de fundamento de la potestad sancionadora, hay que distinguir el bien jurídico protegido por las relaciones de general sujeción y el tutelado cuando se trata de una relación de especial sujeción; esta dualidad de fundamento explica la modulación del “ne bis in ídem” cuando se trata de una relación de especial sujeción, ya que las normas sancionadoras y disciplinarias pueden tener como fundamento la protección de distintos bienes jurídicos.

Empero, hay que reconocer que al tratar de determinar el bien jurídico protegido para la penalización de los “delitos administrativos” surgen serias dificultades debido a que no existe una unidad doctrinal sobre el tema. Desde la salud pública, los intereses económicos de los individuos, hasta el orden económico y social son citados como bienes tutelados por el Derecho Penal Administrativo.

A este elemento de falta de tope sobre el bien jurídico protegido se agregan las denominadas tipos penales en blanco como técnica legislativa que remite a otras normativas; lo que se conoce en el ámbito del derecho penal como los denominados tipos penales abiertos y los delitos de peligro abstracto.

Esta dificultad colide con las garantías constitucionales y convencionales, puesto que contravienen los principios de reserva de ley y de legalidad, que se erigen como requisitos “sine qua non” para ejercer el poder punitivo del Estado.

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