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Nuevas medidas procuran robustecer la transparencia

El Gabinete de Transparencia anunció ayer la creación del Programa de Cumplimiento Regulatorio en las contrataciones públicas y la realización de una reforma en la Contraloría General de la República, para garantizar la gestión de riesgos de incumplimiento legal y prevención de irregularidades administrativas en las unidades de compras de cada entidad del Gobierno.

El programa estará bajo la responsabilidad de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), que designará en cada una de las instituciones estatales un oficial de cumplimiento que procurará “excelencia y transparencia” en los procedimientos de compras y contrataciones, así como la implementación de los principios establecidos en la Ley 340-06 y su reglamento de aplicación.

La información fue ofrecida por el director de la DGCP, Carlos Pimentel, la directora general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, en una rueda de prensa conjunta celebrada en el Palacio Nacional.

“En el día de hoy se anuncia al país la creación del programa de cumplimiento normativo, bajo la responsabilidad de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), quien designará en cada una de las instituciones públicas un oficial de cumplimiento que dependerá de este órgano rector”, indicó Pimentel.

Cumplimiento de estándares

En ese sentido, el funcionario subrayó que el órgano que dirige tendrá la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales, así como las disposiciones normativas existentes en el país para asegurar mayores niveles de transparencia y control, y al mismo tiempo que el gasto público pueda ser más efectivo.

Señaló que el programa y las designaciones iniciarán “de manera inmediata” aunque de forma gradual y comenzarán “por las instituciones del Estado que administran mayor cantidad de presupuesto y que tienen tareas vinculadas a servicios fundamentales del pueblo dominicano, como la construcción, educación y salud”.

Pimentel explicó que el presidente de la República, Luis Abinader, instruyó las designaciones de esos oficiales. A partir de la cantidad de ministerios, direcciones generales e institutos, considera que serían “más de cien, y que estarían en estricta coordinación con la Dirección Antifraude de la Contraloría General de la República”.

La reforma en la Contraloría

De su lado, Ortiz Bosch dijo que el Gabinete se ha reunido semanalmente para verificar el desarrollo de múltiples tareas, entre ellas el “compromiso firme de acelerar los procesos de contratación; asegurar el pago a los proveedores del Estado y, sobre todo, llegar oportunamente, a quien es el objetivo fundamental de esta política, que es la gente”.

Expresó que entendiendo que el país no puede esperar que se apruebe una nueva normativa para impulsar los cambios que se requieren en la Contraloría General de la República, se han designado a los abogados expertos Leonidas Radhamés Peña Díaz y César Emilio Caraballo Whaytt para el desarrollo de la División de Investigación y Antifraude de la Contraloría para el fortalecimiento de la función de auditorías internas e investigación antifraude en todas las instituciones.

“País necesitaba shock de institucionalidad”

Milagros Ortiz Bosch sostuvo que el país avanza en un profundo proceso de auditoría interna de todas las instituciones del Estado dispuesto por el presidente Abinader. “Nuestro país necesitaba un shock de institucionalidad y modernidad sin precedentes”, afirmó. Recordó el compromiso hecho al país por el mandatario de trabajar por el fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría, para inspeccionar áreas del Gobierno.

Fuente: elCaribe

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