Columnas

Organismos autónomos

Por: Namphi Rodríguez

El artículo 141 de la Constitución prevé que la ley creará los organismos autónomos y descentralizados en el Estado, provistos de personalidad jurídica, con autonomía administrativa, financiera y técnica. Estarán adscritos al sector de la Administración compatible con su actividad, bajo vigilancia del titular del sector.

La descentralización es una técnica que implica el reconocimiento de una nueva persona jurídica con cierta autonomía e independencia y a la que se le atribuyen funciones específicas, pero sin dejar de formar parte de la Administración Pública.

La división más tradicional de la descentralización la clasifica en descentralización territorial, que crea nuevas administraciones en una parte del territorio nacional, y descentralización funcional, que crea una nueva persona jurídica para la gestión de actividades de la competencia de otro órgano, el cual conserva las potestades de vigilancia y control en términos jerárquicos. Este tipo de descentralización tiene por objeto hacer más eficaz la actuación administrativa.

La Ley 247-12, Orgánica de la Administración Pública (LOAP), la define así: “la descentralización funcional es la transferencia de competencias a personas jurídicas de derecho público, organizada en forma de órganos autónomos y descentralizados del Estado, dotados de patrimonio propio, autonomía administrativa, financiera y técnica, con las competencias o atribuciones específicas que determine la ley que las crea…” (art. 41).Es decir, en esta materia existe una reserva de ley (art. 141 de la Constitución y 41 de la Ley 247-12) y salvo que la misma norma que los crea no establezca lo contrario, estarán regidos por el Derecho Público y tienen vedado la actividad lucrativa industrial o comercial (art. 24 de la Ley 247-12).

Organismos como Proconsumidor son entidades estatales descentralizadas, con autonomía funcional, jurisdiccional y financiera, patrimonio propio y personalidad jurídica (art. 5e). Su ámbito de actuación administrativa está bajo la vigilancia del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), de acuerdo al principio de jerarquía (art. 12.15 Ley 247-12).

Su creación se debe a un acto legislativo formal (Ley 358-05, del 19 de septiembre del 2005) que tiene por objeto establecer un régimen de defensa de los derechos de los consumidores y usuarios que garantice la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre los proveedores de bienes y servicios y los consumidores y usuarios, sean de derecho público o privado, nacionales o extranjeros, en armonía con las disposiciones al efecto contenidas en las leyes sectoriales (art. 1 LGPDCU). Esas competencias generales son compartidas con el Sistema Dominicano para la Calidad (Calidad) y con los órganos sectoriales de regulación económica.

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