Cartas del Lector

Participación directa

Señor director:

El modelo de participación democrática directa de los ciudadanos promovido por Juan Jacobo Rousseau, no es el único en la nueva configuración que se conoce como Estado Constitucional. El derecho de participación directa de los ciudadanos, se formuló por primera vez en el año 1798, a través de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos. Nicolás de Condorcet, en el 1793, insistió en la necesidad de la participación directa, a través del Procedimiento de Sanción Popular de las Leyes, (mediante el cual se autorizaba la participación de 50 ciudadanos, para que se dirigieran a la asamblea de su localidad y solicitar la revisión de una ley previamente aprobada por el parlamento. Si el cuerpo electoral acogía la solicitud, el parlamento podía disolverse, debido a la perdía de confianza).

En América y de manera casi paralela a lo que ocurría en Europa, se dieron las primeras manifestaciones del ejercicio de la democracia directa, en la primera mitad del siglo XVII, cuando surgieron las asambleas locales en Nueva Inglaterra, en la que todos los hombres libres podían participar. En el año 1780, se aprobó la Constitución del Estado de Massachusetts mediante referéndum, presentada por la Asamblea Constituyente de elección popular. Establecieron la revocación del mandato de los delegados ante el congreso y que las reformas constitucionales fueran sometidas a consultas populares, sentando las bases de esta manera de lo que hoy se conoce como la participación directa de los ciudadanos. Lo mismo ocurrió en los estados de Nueva York, Maine, Connecticut, etc. Para mediados del siglo XIX, este modelo se había extendido a la mayoría de los estados y otros países.

En la República Dominicana viene a darse ese gran paso de transición de una democracia representativa a una democracia participativa, con la proclamación de la Constitución de la República Dominicana, el 26 de enero del 2010. Publicada en la Gaceta Oficial No. 10561, la cual trajo consigo profundos cambios en la concepción del nuevo Estado Dominicano, pasando a configurar la sociedad dominicana, según el artículo 7 de nuestra carta magna, como un Estado Social y Democrático de Derecho.

Atentamente,

Lic. Smerly Rodríguez Jiménez

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