PGR indagará denuncia anomalías en alquiler

La Procuraduría General de la República (PGR) fue apoderada de una querella interpuesta contra los directores de la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información (Optic), Bartolomé Pujals;   y de Pasaportes, Lorenzo Ramírez, por una alega malversación de  4 mil millones de pesos a través de la suscripción de contratos de alquileres de inmuebles sobrevaluados.

La denuncia fue depositada  en la secretaría general de la PGR  por   la Fundación Primero Justicia, que preside  el expresidente del Colegio de Abogados, Miguel Surun Hernández, quien denunció  que el  Banco de Reservas ha sido utilizado para legitimar capitales ilícitos distraídos del patrimonio público.

Hernández consideró como alarmante  que 16  niveles  del Edificio Corporativo Vista 311 fueran rentados por la suma de mil 440 millones de pesos, cuando el inmueble completo  fue comprado al Banco Popular por esa misma suma.

“Se trata de una asociación fraudulenta entre directores y funcionarios de alto rango del Estado con allegados del sector privado, a los fines de desfalcar al Estado, mediante  arrendamientos de locales comerciales e inmuebles, a precios exorbitantes, que superan el valor del inmueble arrendado”, detalló el dirigente gremial.

Añadió que allegados de  los funcionarios adquirieron el inmueble  por un monto inferior al arrendamiento previamente acordado con la entidad estatal.

“El grupo pudo efectuar sus cuestionables actuaciones amparado en la circular de fecha 3 de febrero del 2022, de la Dirección General de Compras y Contrataciones, mediante el cual se autorizó a todas las instituciones que conforman el Estado a suscribir de grado a grado contratos de arrendamientos y alquileres, eligiendo de antemano el beneficiario”, agregó.

Dijo que   los querellados utilizan a la inmobiliaria del Banco de Reservas para que participe en los diferentes procesos de licitación, dando a entender que los propietarios de esos inmuebles son la citada inmobiliaria para no levantar sospecha y pasar la contratación fraudulenta a precios sobrevaluados.

Sostuvo que esa misma práctica ha sido llevada a cabo en la Dirección de Pasaportes.

Solicitó a  la PGR realizar una investigación exhaustiva del citado desfalco en detrimento del Estado dominicano.

Fuente: El Nacional