PGR solicita mantener impedimentos de salida y alertas migratorias con sustento judicial

La Procuraduría General de la República (PGR) requirió a la Dirección General de Migración (DGM) que proceda a solo mantener activos los impedimentos de salida del país y las alertas migratorias que cuentan con un sustento judicial.

La PGR solicitó levantar cualquier alerta e impedimento de salida que incumpla con esa condición legal, una medida que busca fortalecer el mantenimiento de las garantías de los derechos fundamentales de todas las personas.

Esta actualización del sistema migratorio se produce como resultado de un trabajo intensivo en una mesa técnica conjunta del Ministerio Público y Migración, la cual ha procedido a analizar la data desde 1990 para auditar a fondo tres décadas de datos acumulados sin una actualización de oficio.

El análisis permitió verificar que, a través de los años, miles de personas acumularon registros que carecían de sustento judicial y limitaba su derecho al libre tránsito, ya sea por procesos judiciales cumplidos hace tiempo o por errores administrativos sin órdenes judiciales de una autoridad competente.

Con ese propósito, la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, pidió oficialmente al director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, que, sin importar quién lo haya colocado, se priorice el levantamiento de: registros individualizados que carecían de base legal; registros históricos no individualizados (acumulados entre 1990 y 2026) y registros individualizados, pero ya cumplidos sus fines.

En el último informe sobre ese proceso, la Dirección General de Migración explicó que ha liberado de estas trabas a 56,140 ciudadanos que recuperaron su derecho a viajar al exterior sin ningún contratiempo.

La Procuraduría General de la República explicó, a través de un comunicado de prensa, que más que una actualización y modernización de la base de datos, se trata de un triunfo para los derechos fundamentales y de una victoria para la Constitución.

Indicó que después de más de seis meses de rigurosa labor de auditoría, depuración y análisis técnico, se pudo corregir una distorsión histórica que se acumuló con los años, como evidenció la cifra crítica de registros y alertas que debieron ser evaluados para determinar si incurrían en una afectación de un derecho fundamental de la ciudadanía.

Fuente: Panorama