Columnas

Plan justicia 20-24

Por: Rafael Ciprián

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En el Poder Judicial de la República Dominicana existe la urgente necesidad de que realicemos una reingeniería profunda en toda su estructura organizativa, su modo operacional y la mística con que ha venido operando.

La sociedad viene reclamando esos cambios. Y no pueden ser al modo de Lampedusa, de apariencias, de allante y movimiento, del tipo cosmético para que todo siga igual.

Todos los estudios que han realizado sobre la confianza de la sociedad en el sector justicia han tenido resultados lamentables. Reflejan que el pueblo no cree que la Judicatura merezca confianza. Ninguno de los actores en la administración de justicia sale bien parado.

No se confía en los jueces, ni en el Ministerio Público, ni en los abogados, ni en los alguaciles, ni en el personal administrativo del Poder Judicial. Poseen el menor índice de acepción de la población.

Y esa desconfianza no es antojadiza. Tiene sus fundamentos. Todos los que formamos parte del llamado tercer poder del Estado estamos obligados a admitir, con sentido auto crítico, que no se ha hecho lo suficiente para evitar esa mala imagen.

Hasta el grado de que la justicia tuvo actores corruptos hasta la médula, que llegaron al Poder Judicial para satisfacer apetencias personales de baja ralea, que han salido desacreditados y, en el mejor de los casos, con menos prestigio que antes de su ingreso al tren judicial.

Muchos de ellos saben que se ganaron el desprecio de sus compañeros jueces, y en las calles reciben el rechazo de una gran parte de la población.

Fueron funcionarios, que por sus ejecutorias, por la forma viciosa, arbitraria y abusiva con que se desempeñaron, no solo deben ser tenidos como ejemplo de lo que no debe ser, sino que debieran estar sometidos a procesos judiciales y recibir las sanciones penales correspondientes.

Lástima que nuestro sistema de consecuencias opera con tantas deficiencias. Es similar a la red que teje la araña: atrapa con eficiencia a los minúsculos insectos, pero deja pasar impunemente a las aves de rapiña.

Y, con la responsabilidad personal y el valor cívico con que ha decidido vivir el autor de esta columna, los denunció frontal y públicamente. Y lo hizo cuando todavía eran amos, dueños y señores de horca y cuchilla en la justicia. Recuerden que declaró, y se publicó ampliamente en varios periódicos, que el Poder Judicial estaba dirigido por un cartel, por una mafia.

Y luego salieron a la luz pública, y a borbotones, parte de la podredumbre que se anidaba allí.

Es cierto que esa actitud del autor se la han cobrado caro, con persecuciones, atropellos y marginaciones en la carrera judicial. Pero el sentimiento del deber cumplido bien vale la pena.

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