Poder Ejecutivo observa con acierto la Ley del Tribunal Superior Electoral

En un gesto de responsabilidad institucional y visión de Estado, el Poder Ejecutivo ha ejercido de manera oportuna y atinada el veto a la recién aprobada Ley del Tribunal Superior Electoral (TSE). Esta decisión no solo representa una acción jurídica correcta, sino una firme defensa del equilibrio democrático y del principio de separación de competencias.

Entre las observaciones formuladas por el Ejecutivo, destaca una de vital trascendencia: la eliminación de la facultad conferida al TSE para dirimir conflictos entre gremios profesionales, asociaciones y entidades privadas. Esta disposición, de haber sido mantenida, habría abierto la puerta a una peligrosa judicialización de asuntos de carácter estrictamente privado dentro de una jurisdicción eminentemente política y electoral.

La intervención del presidente Luis Abinader ha sido, en este contexto, una muestra de sabiduría política y sensibilidad democrática. Otorgarle al TSE la competencia para decidir disputas en organizaciones como la ADP, el CMD o el CONEP, habría representado una distorsión jurídica con consecuencias profundas. No solo se habría debilitado la seguridad jurídica, sino que se habría creado un escenario propicio para la injerencia política en los asuntos internos de entidades que deben gozar de autonomía.

¿Podemos imaginar lo que significaría que, en un futuro, un presidente decidiera utilizar esta herramienta legal para intervenir en la vida gremial del país? El daño a la gobernabilidad sería incalculable. La confianza de la ciudadanía en las instituciones se vería erosionada, y la percepción internacional sobre la estabilidad del país, gravemente afectada. En un mundo donde la inversión extranjera observa con lupa el respeto a las normas, abrir esta brecha sería un error estratégico de grandes proporciones.

Por eso, más que una simple observación legislativa, esta decisión del Poder Ejecutivo representa un acto de compromiso con la institucionalidad democrática y con un modelo de gobernanza basado en el respeto al Estado de derecho. Un paso firme hacia una República Dominicana más sólida, más confiable y justa