Por el momento, poco importa quién esté dirigiendo el Sistema penitenciario Dominicano.

En virtud de la Constitución, es la ley la que regula el sistema penitenciario, ya sea bajo la dirección del Ministerio Público u otro organismo que a tales fines se constituya.
La ley que rige la materia creó un organismo, la DGP, la cual se encarga de dirigir el referido sistema, y el mismo está bajo la dependencia del Ministerio Público.

La Constitución de la República, no permite que sea creado un Ministerio para dirigir al sistema penitenciario, porque los estos son órganos de la administración central del Estado, y no son organismo. Ahora bien, la DGP sí es un organismo, y no es un órgano del gobierno central.

En virtud del artículo 6 de la ley 247-12, la administración pública está constituida por entes y órganos.
Los entes de la administración pública son: el Estado, el Distrito Nacional, los Municipios, los Distritos Municipales y los organismos descentralizados dotados de personalidad jurídica.
En virtud del artículo 14 de la ley 247-12, los órganos del Estado y de Máxima dirección de la administración pública son: la presidencia de la República, la vicepresidencia de la República, el Consejo de Ministros y LOS MINISTERIOS QUE SE CREAN POR LEY. En ese sentido, los Ministerios son órganos del gobierno central del Estado, motivo por el cual, no procede la creación de un Ministerio de Justicia para la administración del sistema penitenciario, porque esa facultad le corresponde al Ministerio Público u otro organismo, que bien puede ser la DGP.

El artículo 24 de la ley 247-12, define a los Ministerios, como órganos de planificación, dirección, coordinación, y de ejecución de la función administrativa del Estado…..Constituyen las unidades básicas del poder Ejecutivo.
El problema real reside no en que el sistema penitenciario Dominicano esté bajo la dirección del Ministerio Público o de otro organismo creado por la ley, como lo es la DGP, adscrita a la Procuraduria General de la República.

El problema está en el presupuesto destinado al Ministerio Público, el cual es pírrico e insignificante, que no permite resolver los problemas frontales de la Procuraduria General de la República y del Consejo Superior del Ministerio Público. Sin dinero no se pueden resolver los problemas esenciales y fundamentalmente de la institución.

El poder judicial recibe un presupuesto anual de 12,000 millones de pesos, y la procuraduria general de la República recibe para este año 9,600 millones de pesos.
El Ministerio Público tiene mucho más dependencias, más funciones, mas empleados y gastos que el poder judicial, y sin embargo, les asignan menos dinero que al poder judicial.
Debemos de observar, que del magro presupuesto que recibe el Ministerio Público, más del 50 % lo absorbe el Sistema Penitenciario Dominicano.

La solución definitiva no es la creación de un Ministerio de Justicia, porque, para tales fines, la constitución no lo permite.

La solución real del problema del Ministerio Público y del Sistema Penitenciario Dominicano está en lo económico, porque nunca se ha cumplido la Constitución que le garantiza al Ministerio Público una real independencia funcional, administrativa y presupuesto, en calidad de órgano extra poder del Estado, ni la ley 194- 04 que les garantiza una independencia reforzada a dicho órgano Constitución del Estado, porque le asegura la asignación de una asignatura presupuestaria al poder Judicial y a la Procuraduria General de la República.
No basta las buenas intenciones de la Procuradora General de la República, ni del Consejo Superior del Ministerio Público para resolver los problemas fundamentales de la institución, sino cuentan con los recursos económicos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas.

En calidad de jurista Constitucinalista, de Ministerio Público y de asesor de las asociaciones de Fiscales de nuestro país, considero que, para poder resolver esos problemas, urge que les sea duplicada la asignación presupuestaria al Ministerio Público, y que se les haga lo más pronto posible, la asignación de una partida extraordinaria de recursos a la Procuraduria General de la República.
De esa manera, la honorable Procuradora General de la República, cumple con sus deseos y el Consejo Superior del Ministerio Público, puede cumplir con los requerimientos y las exigencias perentorias que les están haciendo sus pares, a los cuales Representan.

En mi íntima convicción, soy de la creencia de que, el honorable Consejo Superior del Ministerio Público, encabezado por la Magistrada Miriam Germán Brito, y los honorables consejeros Isis Duarte, José del Carmen Sepulveda, Denny Silvestre y Merlin Mateo, podrán cumplir con las aspiraciones de los Miembros del Ministerio Público, que están indignados, defraudados y angustiados, porque desde hace varios años están siendo discriminados con relación a sus pares del poder judicial.

No es justo que una magistrada del talante, la responsabilidad, la capacidad, y los peligros a los cuales está sometida, como lo es el caso de Yeni Berenice Reynoso Gómez, a penas tenga un salario mensual de 180 mil pesos, mientras que sus pares del poder judicial ganan 421 mil pesos mensuales y muchos otros incentivos.
Se necesita duplicar el presupuesto que recibe la Procuraduria General de la República, con lo cual los miembros del Consejo Superior del Ministerio Público, podrán hacerle un aumento sustancial de salario a todos los Miembros del Ministerio Público, porque la inflación se ha tragado el magro salario que les pagan; que se ponga en funcionamiento el plan de retiros, pensiones y jubilaciones del Ministerio Público, el cual fue creado por la ley 133-11, en sus artículos 106 y 107, y desde el año 2011, los fiscales están luchando para que se les reivindique y se les apliquen sus derechos fundamentales, que han sido vulnerados desde el año 2011, y se requiere que los mismos cuenten con un retiro digno y decoroso, después de haber entregado su juventud, su vida, su salud, su paz y sus esfuerzos trabajando en condiciones de peligrosidad, tal y como sucede con el poder judicial que cuenta desde el año 1999 con su plan autónomo de pensiones y del Tribunal Constitucional, puesto en funcionamiento en el año 2011, y los primeros jueces que fueron designados por 6 años, salieron jubilados con un digna y decorosa pensión; además, los fiscales requieren un buen seguro médico de alto nivel y de mucha cobertura, tal y como lo dispone la ley y que también los miembros del poder judicial lo están disfrutando, entre otras reivindicaciones.

El dia 9 de marzo con motivo de la celebración del día del Ministerio Público, se unificaron las dos asociaciones de Fiscales existentes en nuestro país, FISCALDOM y ADOFIC, actividades que se llevaron a cabo, frente a todos los palacios de justicia del país, y la del Distrito Nacional se llevó a cabo en el altar de la patria, cuyo clamor contó con el apoyo de más del 90 por ciento de los Miembros del Ministerio Público de todo el país, exigiendo de manera categórica que se cumpla con todos los derechos fundamentales de los Miembros del Ministerio Público.
En la actividad se pronunció de manera energética, mediante la lectura de una proclama, el Licenciado Andres Comas, presidente de la asociación de Fiscales Dominicanos, dándote a las autoridades un ultimátum para que se cumpla con los derechos adquiridos y las reivindicaciones del Ministerio Público, comparando los reclamos del Ministerio Público con el sermón de Montesino.

Por otra parte, también se pronunció el Licenciado Joel Baldemiro Peña, ex presidente de la asociación de Fiscales Dominicanos (ADOFIC), quien declaró que esa lucha contra las injusticias que se están cometiendo en contra de los Miembros del Ministerio Público, ha provocado la unidad monolítica de todos los fiscales del país, como los hicieron Duarte, Sánchez y Mella, con la creación de la sociedad secreta la trinitaria, y que de la misma manera, los fiscales están unidos hasta lograr sus objetivos.

La actividad contó con el apoyo militante de tres de los cinco miembros del Consejo Superior del Ministerio Público, que son José del Carmen Sepulveda, Denny Silvestre y Merlin Mateo, los cuales se unieron a la causa, porque están comprometidos con las promesas que les hicieron a sus pares en la campaña interna para la escogencia del órgano de gobierno interno del Ministerio Público. En nombre de los Consejeros hizo uso de la palabra el Magistrado José del Carmen Sepulveda, Procurador General Regional titular del DN.
Con suficientes recursos económicos, la magistrada Miriam Germán Brito, y el Consejo Superior del Ministerio Público, pueden contar con recursos suficientes para acabar con el hacinamiento que existe en nuestras cárceles tradicionales, construir nuevas cárceles en todo el país, poner en funcionamiento la cárcel de las parras y darle mejores condiciones de vida a los internos o reclusos. No podemos de culpar a la Procuraduria General de la República de los problemas que se han presentado en la cárcel de la victoria y en otras cárceles del país, el problema está en la falta de presupuesto.

La solución definitiva y real al problema carcelario del país, se resuelve con dinero y con voluntad política, no con la creación del Ministerio de Justicia.

El problema de la calamidad y precariedades que tienen los fiscales del país, se resuelve con dinero y no con buenas intenciones. Los miembros del Ministerio Público, esperan con ansiedad mejorar la calidad de vida y las condiciones de trabajo. No culpar de ese problema a la Procuradora General de la República, ni a los honorables miembros del Consejo Superior del Ministerio, sino a la falta de recursos económicos para resolver los conflictos troncales que están padeciendo.

Tenemos un excelente Consejo Superior del Ministerio Público, con muy buenas intenciones y con el ánimo para luchar por el beneficio de todos y de la institución, pero debemos de hacer conciencia, que para resolver los problemas no bastan intenciones, sino que se hace urgente y necesario duplicar el presupuesto del Ministerio Público y de la Procuraduria General de la República.
Dr. Ramón Aristides Madera Arias.
Miembro de carrera del Ministerio Público y asesor especial de las asociaciones de fiscales del país