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Potentini asegura que esfuerzos del Ministerio Público en combate a la delincuencia serían inútiles sin una ley de Extinción de Dominio

El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Potentini, aseguró hoy que, sin la aprobación de una ley de Extinción de Dominio, los esfuerzos del Ministerio Público (MP.), en contra del crimen organizado y el Lavado de Activos, resultan inútiles e ineficientes, caso concreto de la operación Falcón, donde se han incautado bienes por más de 50 mil millones de pesos.

Potentini recordó que el lavado de activos presupone de la existencia de un crimen precedente, que genere los bienes ilícitos, objeto del blanqueo de capitales, para el caso ocurrente el narcotráfico, delito que estaría persiguiendo la DEA, cuya imputabilidad y judicialización se conocería en los Estados Unidos de Norte América (EE.UU.), donde sí disponen de la logística y el seguimiento para lograr condena, naturalmente siempre privilegiando su modus operandi de negociar con los imputados, a los fines de ampliar la persecución de más actores pasibles de condenas.

En suma, los EE.UU. no reparan como prioridad en el decomiso de bienes, y más aún si no se encuentran en su territorio, más bien se centran en descabezar en su máxima expresión a las estructuras criminales que sirven de soporte al trasiego de drogas internacional, haciendo énfasis en la condición especial que geográficamente sitúa a la República Dominicana conjuntamente con Haití, como como países puentes del narcotráfico.

De acuerdo con la entidad cívica, estaríamos frente a la disyuntiva de tener procesos abierto en el país, huérfanos del delito precedente, que lo sería el narcotráfico, con una imputación objetiva difícil para el Ministerio Público, el cual hasta el momento no ha conseguido drogas en los allanamientos, más bien aparece como un colaborador de la DEA, quedándose con el problema de solo abordar el Lavado de Activos, sin un delito precedente.

Una salida o recomendación que haríamos al Ministerio Público, tal vez sería hacer acopio de la experiencia comparada, emulando el caso Alcapone en la década de los años 30 del pasado siglo, de perseguir el Lavado de Activos a partir de la evasión fiscal, en los casos donde aplique, entre otras acciones y estrategias.

Potentini al ser entrevistado en el tele-matutino 11, por los periodistas Ramón Núñez Ramírez y Jacqueline Morel, que se transmite de lunes a viernes en horario de 8 a 9 de la mañana, por Telesistema, canal 11, explicó la simbología de la operación Falcón, donde el MP. en su medida de coerción compara al grupo como una organización mafiosa, similar a la mafia siciliana (Cosa Nostra Italiana), rememorando lo que parecería ser al juez antimafia Giovanni Falcone, quien logró más de 500 condenados, con penas que en conjunto superaban los 2,500 años de cárcel, un verdadero icono de la lucha en contra del crimen organizado, asesinado en Palermo, en el año de 1992, por la misma mafia que combatió, con la detonación de más de 500 kilos de explosivos, junto a su esposa y tres guardaespaldas.

Potentini afirmó que la mesa del aparato punitivo del estado, está coja y que le hace falta, con carácter prioritario la aprobación de una la ley de Extinción de Dominio, como única herramienta efectiva para recuperar los bienes ilícitos, fruto de actividades criminales, estableciendo un mecanismo de naturaleza civil y autónomo, donde al margen del juzgamiento penal, puedan las autoridades recobrar los bienes defraudados por la criminalidad organizada.

Asimismo, Justicia y Transparencia entiende que con la referida ley se rompería ese círculo vicioso de impunidad financiera, donde hasta el momento y de conformidad con las estadísticas, solo se recupera el 1% del patrimonio llevado entre las garras de la delincuencia.

Finalmente, Potentini al referirse a otros temas, anuncio para la semana próxima la interposición de un recurso de inconstitucionalidad por ante el tribunal constitucional, en contra del decreto del ejecutivo que crea el denominado fideicomiso público para la administración de Punta Catalina por un periodo de 30 años, en manos de 5 personas físicas.

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