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Principio de coordinación

Por: Namphi Rodríguez

El basamento del sistema de fuentes del Derecho del Consumidor no radica solo en Ley de Protección a los Derechos del Consumidor, sino en una pluralidad de fuentes que crean un microsistema en esta materia.
Inclusive, la propia Ley de Protección a los Derechos del Consumidor, No. 358-05, prevé que las disposiciones referentes al derecho del consumidor y usuario son de orden público, imperativas y de interés social, y tendrán un carácter supletorio frente a las disposiciones contempladas en las leyes sectoriales (art.2).

Del mismo modo, en su artículo 135 la norma prescribe que: “Cuando se trate de casos que sean materia de leyes sectoriales, el consumidor o usuario reclamará sus derechos con apego a los procedimientos establecidos en dichas leyes y sus reglamentos. En caso de contradicción entre las disposiciones de la presente ley con las disposiciones contenidas en las leyes sectoriales, y sus reglamentos, se aplicará la disposición que resulte más favorable al consumidor.

Y, en otras disposiciones (art. 17.k, facultad de emitir opiniones consultivas sobre las regulaciones sectoriales y art. 26, sobre vigilancia e inspecciones a proveedores), la esta ley manda a Proconsumidor a coordinar con los órganos reguladores sus acciones y reglamentaciones.

En virtud del principio de coordinación (art. 138 de la Constitución) Proconsumidor ha suscrito acuerdos de cooperación con entes reguladores para el registro de contratos por adhesión y supresión de cláusulas abusivas que perjudican a los usuarios.

Estas atribuciones de coordinación con los órganos sectoriales son de gran provecho tanto para la regulación como para la normativa general, puesto que no se puede poner en tela de juicio que Pronconsumidor tiene la tutela de los derechos de los consumidores, pero esos ordenamientos poseen disposiciones legales de especialidad cónsona con sus actividades económicas y sus regímenes jurídicos.

Sin embargo, el artículo 5 de la Ley dispone que Proconsumidor es titular de una “personalidad jurídica con la responsabilidad de definir, establecer y reglamentar las políticas, normas y procedimientos que se dicten para la obtención de los objetivos y metas perseguidos a favor de consumidores y usuarios de bienes y servicios”.

Este enunciado no deja duda respecto de a qué órgano corresponde la tutela general de los consumidores. Empero, esta competencia se torna controvertida cuando existe concurrencia de competencias con órganos reguladores sectoriales que reivindican el imperio del artículo 2 de la Ley 358-05 que dispone, en su parte in fine, que ese texto legal tendrá “un carácter supletorio frente a las disposiciones contempladas en las leyes sectoriales”.

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