Sociedad Civil

¿Propuesta de Finjus para Ley de Extinción de Dominio es retroactiva?

Hay opiniones encontradas entre los juristas: algunos creen que sí, otros que no

La propuesta de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) de que en el Proyecto de Ley de Extinción de Dominio se contemple que su aplicación puede alcanzar a los bienes adquiridos previo a su promulgación ha encontrado rechazo en la mayoría de los juristas consultados por este diario.

Los entrevistados coinciden en establecer que esa acción constituiría una aplicación retroactiva de la normativa, lo cual la convertiría en inconstitucional toda vez que la Carta Magna, en su artículo 110, establece que el principio de retroactividad solo es aplicable cuando favorece al imputado o condenado.

Thiaggo Marrero explicó que dada la ausencia de disposiciones legales que habiliten un proceso de extinción de dominio más allá del decomiso, esta ley no puede actuar retroactivamente por ser de carácter sancionatorio.

“Entiendo que lo quieren decir es que no se premie con la irretroactividad a quienes ya adquirieron bienes ilícitamente; sin embargo, entiendo que esto se salvaguarda, pues la figura del decomiso existe justamente para aquellos que han incurrido en lavado de activos”, consideró Marrero.

“Las leyes, salvo las dos excepciones previstas en el mismo artículo 110, rigen únicamente hacia el futuro, y su esfera normativa no puede volver atrás para abarcar actos ejecutados antes de su entrada en vigor”, expresó Julio Cury.

Al igual que Cury, Marino Elsevyf, Manuel Sierra, Francisco Campos, Antoliano Peralta y José Rafael Ariza, establecieron que la ley solo es aplicable a futuro.

“Y ese mismo artículo 110 establece que en ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”, describió Elsevyf.

En las observaciones hechas por Finjus a la Cámara de Diputados, entidad a la que fue remitido el proyecto de ley aprobado por el Senado de la República, se describe que no se trata de una aplicación retroactiva sino retrospectiva debido a que las leyes dominicanas no protegen el derecho de propiedad cuando su origen provenga de la ilegalidad, por lo que de mantenerse la limitación temporal a la promulgación, los bienes queden jurídicamente cubiertos por una presunción de legalidad.

“Entiendo que lo que quieren decir es que no se premie con la irretroactividad a quienes ya adquirieron bienes ilícitamente; sin embargo, entiendo que esto se salvaguarda, pues la figura del decomiso existe justamente para aquellos que han incurrido en lavado de activos”, consideró Marrero.

No hay retroactividad

El jurista Carlos Salcedo describe que el actual proyecto de Ley de Extinción de Dominio permite que el Tribunal de Extinción declare la nulidad retroactiva o retrospectiva y que esa figura jurídica permite alcanzar el universo de los bienes considerados como adquiridos ilícitamente, incluso con anterioridad a la promulgación de la ley.

El abogado constitucionalista, Eduardo Jorge Prats, dice que la ley no puede válidamente aplicarse retroactivamente pero es de aplicación inmediata, lo que significa que la Ley sobre Juicio de Extinción de Dominio para el Decomiso Civil de Bienes Ilícitos puede aplicarse perfecta e inmediatamente a todos los bienes que sean producto de la violación a las leyes penales o que se hubiesen utilizado para realizar actividades de carácter delictivas aun con anterioridad a dicha ley.

“Pretender que esta ley se aplique solo a los bienes adquiridos con posterioridad a la entrada en vigor de dicha ley es tan demencial, absurdo, ilógico, irrazonable y estrambótico como alegar que la Ley 390 que concede plena capacidad de los derechos civiles a la mujer dominicana del 14 de diciembre de 1940 solo aplica a las mujeres casadas con posterioridad a esa fecha y que todas las mujeres casadas con anterioridad a esa fecha están sujetas al dominio del marido. Por eso apoyamos totalmente la posición de la Finjus al respecto”, destacó.

Manuel Soto Lara, también considera que no, no hay retroactividad en la propuesta “toda vez que no existen, en favor de ellos, derechos consolidados en virtud de una norma anterior. Y, además, porque ninguna ley lo prohíbe”.

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