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Redes sociales vs insultos

Por: Namphi Rodríguez

Las redes sociales, con su horizontalidad y su sencillez, han supuesto un cambio de paradigma en la comunicación política. El debate que se desarrollaba entre las élites ha sido poblado por un discurso indignado de los ciudadanos.

Desde el punto de vista jurídico, esta nueva realidad nos plantea dos desafíos al momento de regular Internet y las redes sociales; a saber: i) cómo preservar la democratización del debate público que han generado las Redes Sociales y, ii) cómo afrontar la difusión de contenidos que pueden atentar contra los derechos fundamentales de las personas y contra el orden social.

Twitter, Facebook e Instagram. han permitido la democratización del derecho de libertad de expresión, de forma que han aumentado la capacidad de los ciudadanos para recibir, buscar y difundir información.

Esto equivale decir que ciudadanos de a pie pueden intercambiar contenidos sin pasar por los controles de “censura” del periodismo tradicional.

Del otro lado, agazapado tras el nuevo horizonte de las redes sociales encontramos discursos que deben ser excluidos del ámbito protectorio de esta libertad por representar una alta peligrosidad para los derechos de las personas y para el orden público, como la apología al odio, la incitación al crimen, la pornografía infantil y los atentados contra el honor, la intimidad y la propia imagen de los particulares.

La potencia de difusión de Internet y su capacidad intrusiva ponen al servicio de las personas, los Estados y las grandes empresas un “dossier de información” sin precedentes sobre las relaciones sociales y la vida privada de las personas.

Si bien es cierto que la libertad de expresión de expresión es uno de los derechos fundamentales de todo ciudadano, también es cierto que, en lo que respecta a las redes sociales, entendemos que este derecho fundamental ha de estar acodado por unos límites que podríamos calificar como universales, en el sentido de que no atenten contra la moral, las normas del orden público.

La reacción del legislador dominicano a esta tendencia ha sido la exacerbación de la sensibilidad punitiva del Estado con la aprobación de leyes penales que criminalizan expresiones calificadas como difamantes e injuriosas que se difundan por las redes sociales y por los medios de comunicación convencionales.

Esta tendencia legislativa resulta contraproducente con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que en su sentencia TC/0075/16 estableció el precedente de que las penas privativas de libertad por delitos contra el honor sólo son aplicables en aquellos infracciones que afecten a los particulares, con lo que quedaron derogadas las disposiciones legales que contemplaban penas de prisión cuando los delitos lesionaban el honor o la dignidad de funcionarios públicos.

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