Regulación de la IA en América Latina: quién avanza, quién frena y qué está en juego en 2026
En el ILIA 2025, RD ocupa el noveno lugar entre 19 países evaluados, con 44,96 puntos. Sin embargo, en el subíndice de preparación gubernamental para la IA, el país sube al séptimo lugar entre 33 naciones de América Latina y el Caribe
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RESUMEN
América Latina atraviesa su momento legislativo más intenso en materia de inteligencia artificial. Entre enero de 2025 y febrero de 2026, los congresos de la región presentaron al menos 201 proyectos de ley vinculados a tecnologías digitales, según el Observatorio Legislativo del CELE. Argentina lidera con 63 iniciativas, seguida por Brasil (36), México (35), Perú (17), Chile (16), Colombia y Paraguay (14 cada uno).
El contexto global empuja la urgencia: solo cuatro empresas estadounidenses, Alphabet, Amazon, Meta y Microsoft planean invertir conjuntamente unos US$650.000 millones en infraestructura de IA durante 2026, según un análisis de Bridgewater Associates. Frente a esa concentración de capital y poder computacional, los países latinoamericanos compiten por definir marcos normativos que atraigan inversión sin comprometer derechos fundamentales.
Un mapa comparativo de las legislaciones revela una región dividida entre enfoques de protección estricta, modelos de fomento a la innovación y estrategias quirúrgicas centradas en el código penal.
El ranking regional: dónde está parado cada país
La tercera edición del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA 2025), elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile (CENIA) y la CEPAL, evaluó 19 países y ofrece la radiografía más completa del ecosistema regional. Los resultados, presentados el 3 de octubre de 2025, muestran un podio estable y una periferia en movimiento:
| Posición | País | Categoría |
|---|---|---|
| 1 | Chile | Líder |
| 2 | Brasil | Líder |
| 3 | Uruguay | Líder |
| 4 | Colombia | Adoptante |
| 5 | Costa Rica | Adoptante |
| 6 | Argentina | En transición |
| 7 | Perú | En transición |
| 8 | México | En transición |
| 9 | República Dominicana | En desarrollo |
El informe destaca que, pese a la acelerada adopción de IA generativa en la región, la infraestructura, la formación de talento humano y la incorporación efectiva en el sector público y privado siguen siendo desafíos estructurales. Países como Ecuador, Costa Rica, República Dominicana y Guatemala comienzan a mostrar avances, pero desde una base considerablemente más baja.
República Dominicana
República Dominicana no tiene una ley de inteligencia artificial ni un proyecto de ley en trámite legislativo, pero ha construido su estrategia desde el Poder Ejecutivo con una velocidad que la distingue en el Caribe. El eje de esa apuesta es la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), aprobada mediante el Decreto N.º 498-23 en octubre de 2023 y vigente hasta 2030.
La ENIA se estructura sobre tres pilares fundamentales:
- Programa de Gobierno Inteligente: Automatización de servicios públicos y digitalización de trámites ciudadanos.
- Hub de Talento Humano e Innovación: Formación de capital humano en competencias digitales y fomento del emprendimiento tecnológico.
- Hub de Datos: Construcción de infraestructura de datos interoperables para alimentar sistemas de IA en el sector público.
La estrategia es implementada por el Gabinete de Innovación y Desarrollo Digital a través de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), y está alineada con la Política Nacional de Innovación 2030 y la Agenda Digital 2030.
Los acuerdos que cambiaron la escala
Lo que ha acelerado la visibilidad internacional de RD en materia de IA no es la regulación, sino dos acuerdos con gigantes tecnológicos globales:
NVIDIA (octubre 2025). El 14 de octubre de 2025, el presidente Luis Abinader firmó un Memorando de Entendimiento con NVIDIA para implementar la ENIA. El acuerdo incluye la creación del Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial (CEIA), concebido como un espacio de formación, investigación e innovación que articulará al gobierno, la academia y el sector privado.
Fuente: acento
