Editoriales Invitados

Siga el país hacia adelante

La etapa postelectoral, empañada por dudas y reclamos de rectificaciones, está de todos modos colocada sobre el cauce legal que debe examinar denuncias y alegatos sobre las cifras preliminares de las primarias que estuvieron basadas en la tecnología sin precedente del voto automático. Una parte del partidarismo, preocupado por la transparencia, aspira a que auditores de máxima competencia tecnológica e independencia establezcan la exactitud de sufragios que corresponda a cada contendiente del Partido de la Liberación Dominicana. La Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y eventualmente el Tribunal Constitucional, tienen calidad y competencia para arrojar luz sobre cada fase del proceso y conceder la la razón a quien corresponda.

No existe para la economía nacional una real exposición a repercusiones provenientes de la lucha política local fuera de los factores de orden mundial como los signos de recesión, anormalidad del mercado petrolero, inestabilidad cambiaria y las drasticidades del proteccionismo entre potencias que trascienden a estas playas por efecto dominó. Lo verdaderamente perturbador para el futuro sería excusar fallas y dejar sin explicación honesta los cuestionamientos que la ley permite esclarecer, siendo primordial que pueda certificarse la ausencia de anormalidades para reconocer legitimidad a quienes se demuestre que fueron favorecidos por el pueblo.

Grave déficit asistencial

Un país insuficientemente equipado para acoger pacientes urgidos de atención médica intensiva tiene a la mayoría de su población en riesgos que pueden comprometer la vida. Emergencias de diferentes naturaleza y nivel extremo, impredecibles en la mayoría de los casos, no encuentran respuesta adecuada numéricamente ni en hospitales públicos ni en clínicas privadas. La norma internacional que obliga a los centros de salud a reservar espacios para auxilios de máxima intensidad carece de total aplicación en República Dominicana. Desde Cabo Engaño a la frontera, este país solo dispone de 500 plazas para hospitalización bajo cuidados intensivos, y algunas más en centros de alto nivel, lejos de la proporción recomendada de una cama disponible por cada mil habitantes de esta media isla cuya población sobrepasa los diez millones.

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